lunes, 28 de julio de 2014

DIARIO PÁGINA/12 > RIVAS CON TAIANA EN LA SEGUNDA ASAMBLEA POPULAR

27/07/2014 Página 12 - Nota - El País - Pag. 12 

EL MOVIMIENTO EVITA PLANTEO QUE HAY QUE PROFUNDIZAR LOS CAMBIOS 
Con una consigna para el 2015 

Intendentes, legisladores y dirigentes gremiales, sociales y políticos participaron ayer de una Asamblea Popular del Movimiento Evita. "Queremos que la sociedad argentina siga apostando a un país con desarrollo", planteó Jorge Taiana en el cierre del encuentro.
 
Por Nicolás Lantos

"Hay que aislar a los fondos buitre. Tenemos que demostrar que la Argentina no se va a arrodillar ante nadie", arengó ayer el ex canciller Jorge Taiana, precandidato presidencial del Frente para la Victoria en representación de un grupo de organizaciones que encabeza el Movimiento Evita y que -a 62 años de la muerte de la figura que les dio nombre- se dieron cita en la Universidad Nacional de Lanús para llevar a cabo una jornada nacional de debate en el marco de una Asamblea Popular. Durante su discurso de cierre, el legislador porteño propuso para el 2015 "una etapa que continúe y profundice los cambios", ante unos mil participantes, provenientes de distintos espacios políticos vinculados con el kirchnerismo. Del acto participaron intendentes, legisladores y representantes de distintos sectores gremiales, sociales y políticos.

"Nosotros debatimos para el segundo tomo porque queremos que la sociedad argentina siga apostando a un país con desarrollo", planteó Taiana, que apuntó que "la única forma de consolidar las políticas es profundizándolas". En ese sentido habló de "deudas pendientes", entre las que citó el trabajo precario y el esquema impositivo. "Es indispensable que los trabajadores de la economía popular tengan plenitud de derechos. Debemos mantener el empleo y avanzar en el goce de derechos", sostuvo, al tiempo que pidió "una reforma tributaria que grave a los que más tienen".

El legislador también señaló que "no sólo tiene que haber una etapa que continúe el proceso de cambios sino que los próximos años van a ser decisivos para consolidar esta transformación y evitar caer en una economía primaria exportadora". Taiana planteó, en ese sentido, una disyuntiva: "O consolidamos nuestra trama y tejido industrial o van a triunfar los señores de la Sociedad Rural que dicen que hay que quitar las retenciones y que hay que consolidarse simplemente como un país agroganadero".

La Asamblea Popular convocada por el Movimiento Evita el mismo día que Unidos y Organizados realizaba un plenario con sus principales dirigentes en la provincia de Córdoba marcó, en los hechos, un distanciamiento no anunciado con ese espacio. La principal diferencia es que las organizaciones que gravitan alrededor de La Cámpora no escogieron un precandidato propio para las presidenciales del año próximo, esperando una señal de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras que en el Evita consideran que ese paso debía darse.

"Se siente, se siente, Taiana presidente", cantaban los militantes antes de que el ex canciller comenzara su discurso. "Nosotros queremos darle un impulso profundo al debate. Creemos que esta sociedad tiene que debatir y nosotros desde el Frente para la Victoria, que encabezamos la transformación del país, tenemos que auspiciar y generar ese debate", explicitó él mismo la posición del espacio del que hoy es el principal referente. La jornada de ayer funcionó como previa al lanzamiento oficial de la candidatura: el próximo 22 de agosto en el estadio de Ferro.

El Evita mostró ayer algunos aliados y apoyos de relieve: es el caso del intendente de La Matanza y titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, que compartió la mesa de cierre con Taiana; el jefe comunal de Lanús, Darío Díaz Pérez; y la rectora de la Universidad de Lanús, Ana Jaramillo. También estuvieron en los paneles de debate figuras como el ex embajador en Francia Aldo Ferrer; el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González; los referentes del Evita Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro; y representantes de otros espacios kirchneristas como Victoria Montenegro, Pablo Ferreyra,Jorge Rivas, Marcelo Koenig y Marcelo Saín.

Díaz Pérez sostuvo que "en este momento del campo nacional es importante debatir y discutir sobre los tiempos que se vienen" y pidió afrontar la "generación de ideas", la "creación de estructuras políticas inteligentes" y "la apuesta fuerte a enfrentar los desafíos que el mundo está proponiendo". Espinoza, por su parte, destacó que "diversos sectores de la militancia, representantes del campo nacional y popular, estén debatiendo para seguir generando soluciones y proyectos de gestión".
 


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sábado, 26 de julio de 2014

EXPOSICIÓN DE JORGE RIVAS HOY EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS - 2DA ASAMBLEA POPULAR - DEBATIR PARA CONSTRUIR EL SEGUNDO TOMO PARA 2015


Exposición del diputado nacional Jorge Rivas, integrante del bloque del FPV y referente de la Confederación Socialista, hoy sábado 26 de julio de 2014 en la Universidad Nacional de Lanús, en la 2da Asamblea Popular "Debatir para construir el segundo tomo para 2015", invitado por el ex canciller y actual legislador porteño del FPV Jorge Taiana.

"Primero, quiero agradecer por la invitación, a los compañeros de la organización, y felicitarlos por la iniciativa, ya que estoy convencido, que debemos replicar encuentros de debate como este, a lo largo y lo ancho de todo el país, como aporte para la oxigenación del proyecto nacional y popular.
Si me permiten, voy a empezar esta charla con una perogrullada: en el sistema capitalista, el Estado está al servicio de los capitalistas. Lo enseña la teoría, y los hechos lo ponen diariamente ante nuestros ojos. En su aspecto más deforme, lo pone en evidencia la Justicia norteamericana al respaldar la rapiña de los fondos buitre. Ahí están a la vista lo más deforme del capitalismo y lo más deforme del respaldo de un Estado, en este caso el más poderoso de la Tierra.
Durante el siglo pasado, los partidos y movimientos de izquierda y populares trabajaron para realizar la aspiración de construir estados socialistas. Esos estados debían estar al servicio de la clase obrera, y conducir hacia la eliminación de todas las diferencias sociales. Más allá de las polémicas acerca de sus avatares históricos, hubo una parte significativa del mundo gobernada por estados socialistas, que mal o bien constituían una alternativa al capitalismo. Esos estados se derrumbaron cerca del fin del siglo pasado. En medio de la demolición en serie de aquellos regímenes, el historiador británico Eric Hobsbawm escribió en 1989: “La principal consecuencia de estos sucesos es que los ricos del mundo ya no están asustados”. 
Antes, sin embargo, la mera existencia de ese mundo socialista había funcionado como un poderoso estímulo para el surgimiento, en respuesta a la devastadora crisis de 1930, de una forma particular de estados capitalistas, me refiero a los Estados de Bienestar. Esos estados regularon la economía, arbitraron en las relaciones sociales, y produjeron reformas que mejoraron sustancialmente las condiciones de vida de los trabajadores, en muchos aspectos. En última instancia, naturalmente, siguieron estando al servicio del capital: los años de su mejor expresión coinciden con los que constituyen la llamada edad de oro del capitalismo, la que va desde el fin de la segunda guerra mundial hasta entrada la década de 1970.
Agotado ese ciclo, como sabemos, la declinación de las tasas de ganancias del capital exigió una nueva mutación, esta vez en sentido inverso. Desde Estados Unidos se difundió a todo el mundo, por las buenas o las malas, el neoliberalismo. Las políticas neoliberales, también conocidas como del Consenso de Washington, produjeron el desmantelamiento de los Estados de Bienestar. Las rebajas de los impuestos a los más ricos, los recortes a los gastos sociales, las  privatizaciones de las empresas de servicios públicos, la flexibilización de las normas de protección al trabajo, en su conjunto, generaron las condiciones para una mayor explotación de los trabajadores. O sea, para que las empresas capitalistas aumentaran sus beneficios. 
La aplicación de esas políticas y la consiguiente destrucción del Estado empezó en la Argentina con la dictadura cívico militar encabezada a partir de 1976 por Videla y Martínez de Hoz, y después de transitorias y vacilantes resistencias al inicio de la transición democrática, fue llevada a su más demoledora expresión durante la década menemista, y los escasos años de la Alianza. Sus efectos fueron devastadores. La fenomenal crisis de fines de 2001 y el penoso año largo que la sucedió fueron el testimonio de ello.
El hambre, la pobreza, el desempleo, la destrucción de los sistemas de salud y de educación, eran los rasgos visibles de una sociedad que se había enorgullecido, treinta o cuarenta años antes, de los mejores indicadores de bienestar social de toda la región. Los grandes grupos económicos ejercían el poder directamente, sin mediación ni disimulos. La política había sido desechada como un objeto inútil. El Estado no existía más que para reprimir a quienes amenazaban ese, el más injusto de los órdenes.
Los demás países de la región también habían padecido la misma experiencia, cada uno con su historia particular. Y en varios de ellos, en esos mismos años, empezaron a aparecer las respuestas políticas a la catástrofe social y económica. Vastos movimientos populares lograron acceder al gobierno en Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador. En la Argentina, el proyecto nacional, popular y democrático, de ampliación de derechos, que encabezó Néstor Kirchner en 2003, se enlazó con esos otros procesos regionales que, entre otras cosas, han puesto límites claros al neoliberalismo y a la dominación de la mayor potencia capitalista del globo. 
“Los actores que protagonizaron el giro”, sintetiza la historiadora María Dolores Béjar, “han sido objeto de diferentes calificaciones: líderes neopopulistas según algunos, gobiernos cercanos a una versión del capitalismo de bienestar sui géneris, según otros”. Sus logros, en cambio, son comunes: “La reparación parcial de las injusticias sociales sufridas por los más desprotegidos, la recuperación del papel del estado en un sentido que lo aleja de la lógica del mercado, las decididas intervenciones conjuntas en defensa de la democracia ante las amenazas de golpes de estado, el afán de ocupar un lugar en el mundo articulando a los países como una región”.
América del Sur, que fue una de las regiones del planeta más duramente golpeadas por el capitalismo en su versión neoliberal, es ahora la que está más lejos de esa perversa modalidad. No porque haya erradicado completamente sus efectos, pero sí porque esos movimientos populares han conseguido poner de pie a sus países y los han empeñado en la lucha política por torcer el rumbo y empezar a desandar el camino que los condujo a la postración de finales del siglo 20. Y esas recuperaciones de estados que habían sido casi totalmente barridos no se producen como parte de una tendencia global, sino al revés. Se producen por resistir a esa tendencia.
Es que en la mayor parte del mundo, sobre todo en los países centrales, castigada por una nueva y formidable crisis del sistema capitalista, los estados se ponen, una vez más, al servicio de las grandes corporaciones: el poder económico, entonces, les hace pagar esa crisis a los más vulnerables de cada sociedad. Aquí, nosotros, marchamos en sentido contrario, y procuramos poner límites a esos intereses y proteger, en cambio, los derechos de las mayorías.
Por último, eso es lo que pretendemos del Estado en este siglo que se ha iniciado entre nosotros con una ruptura y con un cambio de rumbo. No estamos en condiciones de proponer una transformación radical del carácter del estado. No podemos alentar la esperanza de que desaparezcan en el corto plazo las desigualdades y las injusticias, ni sostener un modelo cerrado y perfecto de organización social superadora. Sí podemos avanzar, como parte de un masivo y heterogéneo movimiento popular, fortaleciendo nuestro Estado indócil a los poderes de hecho, en el largo y difícil camino que nos acerque paso a paso a una sociedad más justa, más genuinamente democrática, más igualitaria. 
Por eso hoy, cada avance grande o pequeño, debe contar con nuestro apoyo militante, en la inteligencia, de que nos acerca, cada vez más, a la sociedad que queremos construir.

Nuevamente, muchas gracias."
 




jueves, 17 de julio de 2014

RIVAS EN PÁGINA/12 > LOS SOCIALISTAS CELEBRAN LA CREACIÓN DEL INSTITUTO A. PALACIOS

17/07/2014 Página 12 - Nota - El País - Pag. 11 

Los socialistas celebran la creación del Instituto A. Palacios 
"Mayor inclusión en el dispositivo cultural" 

Los dirigentes socialistas que acompañan el gobierno de Cristina Ferández de Kirchner celebraron la creación del Instituto Alfredo Palacios, anunciado ayer por el secretario del Pensamiento Nacional, Ricardo Forster. El diputado Jorge Rivas y el secretario de Relaciones Parlamentarias, Oscar González, entre otros, señalaron que la medida representa "mayor inclusión política en el dispositivo cultural del Estado".
"Nuestra identidad política, nuestra tradición cultural, estaban ausentes hasta ahora del dispositivo cultural del Estado, en el que sí tenían cabida otras perspectivas, como la que expresan los institutos nacionales Juan Manuel de Rosas, Juan Perón e Yrigoyeniano y de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, entre otros", dijeron los socialistas, que se mostraron "entusiasmados por el anuncio, que recoge una antigua iniciativa de nuestro sector y que se compadece con la naturaleza amplia y plural del proceso de transformación que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner".
La declaración fue formada por Rivas, diputado nacional en el bloque del FpV; González, secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional; Susana Rinaldi, legisladora porteña; Alejandro Rofman, economista del grupo Fénix y Guillermo Torremare, director del periódico La Vanguardia. Ellos expresaron su "fraternal reconocimiento a la ministra de Cultura, Teresa Parodi y a Forster", quien en su primera actividad pública anunció la creación del Instituto Nacional Alfredo Palacios.


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miércoles, 16 de julio de 2014

RIVAS CELEBRÓ LA CREACIÓN DEL INSTITUTO ALFREDO PALACIOS

La creación del Instituto Alfredo Palacios, mayor inclusión política en el dispositivo cultural del Estado.

Los dirigentes socialistas Jorge Rivas, diputado nacional en el bloque del FPV; Oscar González, Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional; Susana Rinaldi, legisladora porteña; Alejandro Rofman, economista del grupo Fénix y Guillermo Torremare, director del periódico La Vanguardia, expresaron hoy su “fraternal reconocimiento a la ministra de Cultura, Teresa Parodi y al nuevo secretario del Pensamiento Nacional, Ricardo Forster, quien en su primera actividad pública anunció la creación del Instituto Nacional Alfredo Palacios”.
“Nuestra identidad política, nuestra tradición cultural, estaban ausentes hasta ahora del dispositivo cultural del Estado, en el que sí tenían cabida otras perspectivas, como la que expresan los institutos nacionales Juan Manuel de Rosas, Juan Perón e Yrigoyeniano y de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, entre otros”, dijeron los socialistas , que se mostraron “entusiasmados por el anuncio, que recoge una antigua iniciativa de nuestro sector y que se compadece con la naturaleza amplia y plural del proceso de transformación que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner”.



PARLAMENTARIO > RIVAS REPUDIÓ EL BOMBARDEO A LA FRANJA DE GAZA

Parlamentario
Rivas repudió el bombardeo a la Franja de Gaza
“Es necesario que se ponga fin a los innumerables padecimientos del pueblo palestino, después de casi medio siglo de ocupación militar injusta y abusiva”, sostuvo el socialista K.

Mientras el país entero se concentraba en el mundial de fútbol, el gobierno de Israel volvió a bombardear la Franja de Gaza, causando más de un centenar de víctimas. Frente a esta situación, el diputado nacional Jorge Rivas (FpV) manifestó su enérgico repudio a tales acontecimientos.

“Es necesario que se detenga la matanza en la Franja de Gaza, y que se ponga fin a los innumerables padecimientos del pueblo palestino, después de casi medio siglo de ocupación militar injusta y abusiva”, sostuvo el socialista K.


martes, 15 de julio de 2014

AGENCIA EFE - ESPAÑA > DIPUTADO ARGENTINO JORGE RIVAS REPUDIÓ BOMBARDEO A GAZA

15 de julio de 2014 • 17:41

Organizaciones pro Palestina piden al Gobierno argentino que condene ataques

El Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino convocó hoy una movilización en repudio de "la inhumana agresión" de Israel en "contra de la población de la Franja de Gaza" y solicitó al Gobierno argentino que condene los ataques, informaron fuentes de la organización.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Federación de Entidades Argentino Palestinas y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre dieron a conocer este martes en una rueda de prensa una declaración pública y manifestaron su "repudio y absoluta condena" al ataque a la Franja de Gaza.

En el documento, las organizaciones llaman al Gobierno argentino a "manifestarse de manera contundente" contra el "genocidio en contra del pueblo palestino" y a "condenar las prácticas criminales del Estado de Israel" en su carácter de miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En el acto público de este martes también participó el Embajador de Palestina en Argentina, Walid Muaqqat, quien informó de las gestiones que realiza la Autoridad Nacional Palestina ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) para pedir la protección de la sociedad civil.

Por su parte, el diputado socialista Jorge Rivas, dio a conocer hoy un mensaje de repudió al bombardeo de la Franja de Gaza.

"Es necesario que se detenga la matanza en la Franja de Gaza, y que se ponga fin a los innumerables padecimientos del pueblo palestino, después de casi medio siglo de ocupación militar injusta y abusiva", sostuvo Rivas a través de un comunicado.


Israel reanudó hoy sus bombardeos sobre Gaza después de que las milicias islamistas rechazaran la iniciativa de alto el fuego presentada por Egipto y muriera el primer ciudadano israelí a causa del lanzamiento de un cohete.

Desde el pasado martes 8, cuando inició la ofensiva israelí, han muerto 190 palestinos, en su mayoría civiles, y 1.400 han resultado heridos.

EFE - Agencia EFE


lunes, 14 de julio de 2014

EL DIPUTADO SOCIALISTA JORGE RIVAS REPUDIÓ EL BOMBARDEO A GAZA


Buenos Aires, 14 de julio de 2014

El socialista Rivas repudió el bombardeo de la Franja de Gaza


“Es necesario que se detenga la matanza en la Franja de Gaza, y que se  ponga fin a los innumerables padecimientos del pueblo palestino, después de casi medio siglo de ocupación militar injusta y abusiva”, dijo hoy el diputado socialista Jorge Rivas, al expresar su enérgico repudio al bombardeo de la Franja de Gaza por parte del gobierno israelí, que ha causado ya más de un centenar de víctimas, entre ellas muchos niños.


martes, 8 de julio de 2014

TELAM > RIVAS PROPONE UNA CAMPAÑA QUE ESTIMULE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS

INICIATIVA

Rivas propone una campaña que estimule la donación de órganos

El diputado socialista Jorge Rivas (Frente para la Victoria) presentó un proyecto para exhortar al Ministerio de Salud a instrumentar "una campaña masiva de comunicación y difusión que informe y estimule a la población respecto de la donación de órganos".
Rivas en su proyecto solicitó también la reglamentación de la ley 26.066, conocida como del Donante Presunto, una norma sancionada en 2005, que "procura ofrecer soluciones a miles de ciudadanos que esperan un trasplante para mejorar su expectativa de vida o seguir viviendo".

 En ese sentido, y tras recordar que "donar órganos es salvar vidas", Rivas consideró que "la campaña de difusión debe estar dirigida, además, a comprometer a los profesionales de la salud, convocándolos para desarrollar estrategias tendientes a reducir las causas de negación a la donación".

Se trata, además, del primer proyecto que ingresa en la cámara de diputados bajo la modalidad de "firma digital", lo que le permitió a Rivas firmar la iniciativa, a pesar de no poder hacerlo manualmente, debido al cuadro de cuadriplegia que sufre desde que recibió un golpe durante un robo en 2007.

lunes, 7 de julio de 2014

EL DIPUTADO JORGE RIVAS PROPONE UNA CAMPAÑA QUE ESTIMULE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS

Rivas propone una campaña que estimule la donación de órganos

El diputado socialista Jorge Rivas presentó hoy un proyecto de Resolución para exhortar al Ministerio de Salud a instrumentar "una campaña masiva de comunicación y difusión que  informe y estimule a la población respecto de la donación de órganos, incluyendo los casos particulares de pacientes necesitados de trasplantes que quieran dar a conocer su situación a la opinión pública".

"Donar órganos es salvar vidas", recordó el legislador, que en su proyecto solicita también la reglamentación de la ley 26.066, conocida como del Donante Presunto, una norma sancionada en 2005, que "procura ofrecer soluciones a miles de ciudadanos que esperan un trasplante para mejorar su expectativa de vida o seguir viviendo".

 "La campaña de difusión – plantea el referente de la Confederación Socialista, que integra el bloque del Frente para la Victoria - debe estar dirigida además a comprometer a los profesionales de la salud, convocándolos para desarrollar estrategias tendientes a reducir las causas de negación a la donación".

El proyecto de Resolución fue presentado hoy en la Cámara de Diputados nacional bajo el número de expediente número 5323-D-2014 y es el primer proyecto que ingresa bajo la modalidad de "firma digital", lo que le permitió a RIvas firmar a pesar de no poder hacerlo manualmente, debido al cuadro de cuadriplegia que sufre desde que recibió un golpe durante un robo en 2007.

jueves, 3 de julio de 2014

"MÁS POLICÍA, LA SOLUCIÓN ERRADA" > JORGE RIVAS EN PÁGINA/12 SOBRE EL DECRETO DE SCIOLI QUE CREA LAS POLICÍAS MUNICIPALES

03/07/2014 Página 12 - Nota - El País - Pag. 10 

OPINION 
Más policía, la solución errada 

Por Jorge Rivas *

La seguridad, en una sociedad democrática, es un derecho de todos. Un derecho que incluye un trabajo estable, una vivienda propia, educación y atención médica eficiente y gratuita, un futuro para los jóvenes y, por supuesto, la tranquilidad para disfrutar de ese bienestar y del tiempo libre. Esa seguridad, que la sociedad argentina conoció en buena medida en épocas pasadas, fue poco menos que arrasada entre los cuarenta años que precedieron a 2003.

Su versión en negativo, sin embargo, la inseguridad, parece referirse solamente al miedo a ser víctima de delitos contra la integridad física y la propiedad. Naturalmente, la protección por parte del Estado contra esos riesgos, inevitables en todas las sociedades en mayor o menor proporción, forma parte del derecho a la seguridad, aunque no lo agote.

Los grandes medios de comunicación de masas sostienen en su discurso ese modelo de inseguridad, que agitan todo el tiempo, interesadamente. Los medios, y muchos dirigentes políticos. Todos quieren sacar partido del miedo que ellos mismos generan. Algunos, superficiales oportunistas, con meros fines electorales. Otros, porque saben que los ciudadanos asustados están más propensos a delegar cada vez más facultades en aquellos que se ofrecen para protegerlos del mal.

Las estadísticas internacionales revelan con claridad que el problema del delito no es en nuestro país más grave que en la mayoría de los demás países de la región. Por el contrario, es menos grave. Pero no es la verdad lo que les importa a los propagandistas del miedo. De cualquier manera, el problema existe, y el reclamo de vastos sectores de la sociedad es legítimo.

Lo que no es legítimo son las soluciones que proponen los actores que hemos señalado. Y tampoco es legítimo que finjan desconocer que si bien los factores que generan la expansión del delito son múltiples, el alto grado de desigualdad es reconocido como central por la totalidad de los criminólogos. El alto grado de desigualdad, o sea la cruel convivencia entre la ostentación de los que tienen todo en exceso y las necesidades elementales que padecen otros.

Entre las soluciones que proponen sobresalen la mano dura de las fuerzas paradójicamente llamadas de Seguridad, y el aumento indefinido de sus efectivos, de sus pertrechos y de sus facultades. Así, se estimulan la violencia institucional, el abuso de poder, el gatillo fácil, los crímenes que cometen represores armados contra ciudadanos y adolescentes indefensos. Crímenes que de ningún modo se justificarían si fueran cometidos contra culpables de graves delitos, pero que resultan particularmente aberrantes en la medida en que terminan con la vida de aquellos inocentes a los que las policías deberían precisamente proteger.

Los apóstoles de la mano dura, del meter bala a los delincuentes, quieren hacer retroceder la democracia hasta la negra época en la que esas fuerzas, militarizadas, participaban del gigantesco operativo de secuestro, tortura y desaparición del que fue víctima nuestro pueblo. Esa época, de la que tienen nostalgia algunos de los ideólogos del combate contra la inseguridad, fue precisamente la de mayor inseguridad en la historia del país, aun en la acepción limitada y arbitraria del término que se difunde por los medios.

De modo que no sólo no se trata de aumentar las facultades ni el número de las fuerzas policiales, sino, por el contrario, de subordinarlas realmente a los procedimientos democráticos. La reforma policial es una tarea, no por difícil menos necesaria, que nuestra democracia adeuda a la sociedad. En el estado en que se encuentran, no hay fuerza policial en el país que no forme parte del problema en lugar de formar parte de la solución.

Es por eso que la decisión del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, de poner en la calle 15.000 hombres más con uniforme, armas, facultades para detener personas por averiguación de antecedentes o por la presunta comisión de delitos, todo ello en el territorio de la policía bonaerense, difícilmente constituya un aporte a la seguridad general. Más bien es lícito temer lo contrario.

* Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires (Confederación Socialista Bloque FPV)
 


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miércoles, 2 de julio de 2014

RIVAS EN DIARIO BUENOS AIRES HERALD > NOTA SOBRE LA PRODUCCIÓN PÚBLICA DE MEDICAMENTOS

01/07/2014 Buenos Aires Herald - Nota - Argentina - Pag. 3 
Gov’t allies want state involvement in drug production 

Lawmakers from the ruling Victory Front (FpV) are pushing for the creation of a state-sponsored agency of public laboratories, which is expected to play a central role in the “production, investigation and development” of prescription drugs, Kirchnerite lawmaker Carolina Gaillard revealed yesterday.
“Making your own medicines is a way to promote national development,” Gaillard told newspaper Página/12.
The bill she signed along with a dozen Kirchnerite representatives seeks to create a National Agency of Public Laboratories (Anlap) that will group some 40 research laboratories led by provincial governments and national universities.
The objective, the bill says, “is to prevent the country from being held hostage by the monopolistic practices of big, private foreign laboratories” while at the same time promoting the production and supporting added value to the scientific work.
“If we consider health as a human right, medicine production cannot be left exclusively in the hands of private companies whose objective is profit,” the bill explains.
FpV lawmakers argue the creation of Anlap will give way to centralized purchasing from all state-sponsored laboratories “thus allowing the public system to become more competitive in the market.”
If approved, the measure would help the country produce the so-called orphan medicines — unprofitable pharmaceuticals aim at treating diseases affecting small number of patients.
The bill was also signed by lawmakers Andrea García (who chairs the Health Committee of the Lower House), Carlos Raimundi, Jorge Rivas and Adela Segarra. It entered the Lower House last Wednesday, a day after the national government ordered laboratories to decrease prices or risk hefty fines.
Until now, Argentina’s prescription-drug market is largely deregulated so the government barely intervenes in setting prices.
The state of the (medical) union
The Herald yesterday revealed there are some 250 domestic and foreign pharmaceutical companies that operate in the country, with Roemmers, Bagó, Gador, Elea and Bayer leaving a large footprint on the sector.
According to estimates by prescription-drug experts, only 30 companies concentrate more than 75 percent of the sales in the country.
In the past few months, the majority of pharmaceutical products have seen price increases of more than 70 percent, a survey by the Trade Secretariat revealed.
Herald Staff
 


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RIVAS EN DIARIO LA CAPITAL DE ROSARIO EN NOTA SOBRE PRODUCCIÓN PÚBLICA DE MEDICAMENTOS

01/07/2014 La Capital - Rosario - Nota - Información General 
Salud: Proyectan crear una agencia nacional de producción pública de medicamentos 

Diez diputados del Frente para la Victoria (FPV) proponen crear una agencia nacional que nuclee la producción pública de medicamentos y una ley para hacer frente a los monopolios de la industria farmacéutica. El proyecto, presentado en medio de la puja por los precios de los fármacos, busca aunar a los casi 40 laboratorios públicos del país con el fin de contrarrestar las conductas monopólicas de los grandes laboratorios privados, según publicó ayer el diario Página 12.
"Hacer tus propios medicamentos es promover el desarrollo nacional y adquirir soberanía", asegura la diputada del Frente para la Victoria, Carolina Gaillard, autora del proyecto de ley que propone crear una Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap), que nuclee a las casi 40 usinas de medicamentos que dependen de gobiernos provinciales y universidades nacionales.
La premisa del texto que ingresó la semana pasada al Congreso, con la firma de una decena de legisladores oficialistas, es que "el Estado diseñe la política de producción, investigación y desarrollo de fármacos" para evitar ser rehenes de las conductas monopólicas de los grandes laboratorios privados extranjeros, y al mismo tiempo promover la generación de mayor valor agregado al trabajo científico nacional.
"Reconociendo la salud como un derecho humano, la producción de medicamentos no puede dejarse exclusivamente en manos de privados, cuyo fin es la rentabilidad", explica Gaillard, quien sin embargo advierte que el proyecto "no va en desmedro de los laboratorios privados, especialmente de los pequeños y medianos, que generan puestos de trabajo y desarrollo científico al país", sino que plantea "darle un rol rector al Estado" para establecer políticas y articular la labor de todos los laboratorios públicos. Los efectos, como la producción local de precursores o la creación de nuevas patentes nacionales, "van a terminar beneficiando a todos", agrega la diputada.
La creación de una Agencia Nacional permitirá centralizar la compra de activos de los laboratorios que dependen del Estado "para que el sistema público gane mayor competitividad en el mercado", lo que permitiría formar precios de referencia, que hoy están en manos de los grandes laboratorios, y producir medicamentos "huérfanos", como se conoce a aquellos que no generan rentabilidad comercial por tratar enfermedades que afectan a cantidades muy reducidas de pacientes (menos de cinco cada 10 mil personas, según las regulaciones internacionales). También permitirá avanzar en el control de estándares de calidad de los medicamentos que se importan tanto como los que se producen en el país.
El proyecto cuenta con la firma de una decena de legisladores oficialistas, entre ellos la titular de la Comisión de Salud, Andrea García; Carlos Raimundi, Jorge Rivas y Adela Segarra, e ingresó a la Cámara baja el miércoles pasado, un día después de que el gobierno ordenara a los laboratorios retrotraer los precios de todos los medicamentos de venta bajo receta a los valores de principios de mayo, bajo amenaza de cuantiosas multas. La autora del texto explica que el proyecto es anterior y se hizo "sin saber las medidas que iban a tomarse contra la cartelización de los laboratorios", pero que la actualidad "demuestra que es necesario avanzar en el sentido que propone la ley".
La iniciativa aparece como la continuación de otros avances que se introdujeron en los últimos años en materia de salud y producción de fármacos. Por un lado, la ley de prescripción de medicamentos por su nombre genérico, o ley de genéricos a secas, sancionada en 2002 cuando Ginés González García era ministro de Salud de la presidencia interina de Eduardo Duhalde, y ejecutada mayormente por el mismo funcionario durante el gobierno de Néstor Kirchner. "La producción pública tuvo un lugar central durante la crisis de 2001, cuando abasteció a grandes sectores de la población que quedaron en situación vulnerable cuando el Estado no tenía con qué pagarles a los proveedores privados", recuerda Gaillard.
Otro antecedente, más directo, es la ley 26.688, que declara "de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos". Esa norma, que nunca fue reglamentada, establecía que la autoridad de aplicación era el Ministerio de Salud. El nuevo proyecto plantea, en cambio, la creación de la Anlap como un órgano "que goza de autarquía y autonomía para actuar", y cuenta con un presupuesto propio, de forma tal que pueda tomar un rol rector en el diseño, la implementación y coordinación de toda la política de producción pública de medicamentos, algo en que la ley 26.688 quedó a mitad de camino.
"El lobby de la industria de los laboratorios, para que no se desarrolle el sistema público y poder seguir poniendo los precios que quieren, es muy fuerte", explica Gaillard. Además de los diputados oficialistas que rubricaron el proyecto, la iniciativa llega con el apoyo de otros sectores vinculados con el área y que buscan contrarrestar la presión de los privados: la multisectorial para la producción pública de medicamentos; reconocidos profesionales como el titular de la cátedra libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA, Claudio Capuano; y Martín Isturiz, investigador principal del Conicet y la Redlab, que nuclea desde 2007 a los laboratorios públicos y es el germen del proyecto de la Anlap.
Hay también un aspecto relacionado con la política regional en la iniciativa: a través del Laboratorio Farmacéutico Conjunto de las Fuerzas Armadas, que funciona bajo el paraguas del Ministerio de Defensa, se está trabajando en la articulación en esta materia en la Unasur. Allí se busca fomentar los lazos de cooperación científica para trabajar en avances conjuntos, aprender de experiencias como la de Brasil, que ha logrado a través de la producción pública bajar los precios de los medicamentos, y abrir nuevos mercados para los fármacos que se producen en los laboratorios nacionales.
Virus letal en bebés en Buenos Aires
El ministerio de Salud bonaerense alertó ayer sobre la presencia de un virus o bacteria que afecta a niños menores de un año con síntomas respiratorios y gastrointestinales, que en la zona norte del conurbano provocó cinco muertes en el último mes.
El sistema de vigilancia epidemiológica de la provincia envió ayer un alerta a las clínicas y hospitales para que notifiquen al ministerio en caso de que aparezcan nuevos cuadros de similares características.
La cartera sostuvo en un comunicado que en la provincia se registraron diez casos en niños de entre ocho y 13 meses, de los cuales cinco fallecieron, y recomendó "realizar consultas pediátricas de rigor toda vez que un niño menor de dos años tenga dificultad respiratoria".


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  Tirada: 35823

DIARIO LA ARENA > LA PAMPA > LA POSICIÓN DEL DIPUTADO RIVAS EN LA LUCHA CONTRA EL TRABAJO INFORMAL

Miercoles, 2 de Julio de 2014   


Río Cuarto, segunda en el ranking nacional de trabajo informal

Ubicada en el corazón de la "pampa gringa", en la provincia de mayor riqueza agrícola, la ciudad de Río Cuarto presenta uno de los mayores índices de desigualdad social.
IRINA SANTESTEBAN
Mientras el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, sigue con su campaña presidencial recorriendo los programas televisivos en Buenos Aires y dando consejos al gobierno nacional sobre cómo afrontar el problema de la deuda, no puede ocultar los problemas sociales que padecen muchos cordobeses, a pesar que viven en una de las provincias más ricas del país. 
El parate en la industria automotriz, que intenta ser contrarrestado a nivel nacional con planes como el Procreauto y en la provincia mediterránea con planes especiales a bajo interés de Bancor, el Banco de Córdoba, sigue produciendo las miles de suspensiones y hasta despidos en el sector. No sólo en las automotrices, sino en las decenas de autopartistas que son proveedoras de aquéllas.
Otro de los problemas que afectan a la provincia, en particular a la ciudad de Río Cuarto, es el trabajo no registrado, que priva al empleado que lo padece de aportes previsionales y cobertura de obra social. Obviamente, este tipo de empleo conlleva un grado mayor de explotación, y de sumisión del trabajador hacia el empleador, quien se aprovecha de la situación desfavorable de su dependiente, y además evade al fisco al no abonar las contribuciones patronales, ni los aportes a la obra social o al sindicato del sector. 

Ley contra trabajo informal.
La ley que se aprobó el año pasado contra el trabajo informal por iniciativa del gobierno kirchnerista y el apoyo de la mayoría de la oposición tiene como objetivo reducir esta problemática al 28% en 2016.
La nueva norma busca incentivar la contratación en blanco de los trabajadores de aquellas empresas que tienen hasta 80 empleados, mediante una reducción de contribuciones patronales durante dos años, siendo mayores las rebajas para las compañías pequeñas. 
Para el diputado nacional Jorge Rivas, uno de los defensores de la ley: "Hay empleadores que abusan de su posición dominante. Para muchos empresarios, la ganancia del capital vale más que el derecho de los trabajadores". Para el legislador la ley aprobada "es realista, al ofrecer estímulos económicos para empleadores y sanciones para quienes no cumplan". 

OIT y el trabajo informal.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ponderó los "esfuerzos" de Argentina por reducir el empleo informal y ampliar la cobertura social de sus trabajadores. Además destacó el impacto de la Asignación Universal por Hijo en "la reducción del número de hogares con niños en extrema pobreza".
En su reciente informe, "El Trabajo en el Mundo 2014: el Desarrollo a través del Empleo", ese organismo internacional destacó a la Argentina entre los países "que han abordado la informalidad a través de medidas pragmáticas, combinando la reforma fiscal, la protección social y la agilización en el proceso de registro para las empresas".
Según esta publicación, eso se ha logrado "facilitando el diálogo entre empleadores y trabajadores, reforzando las leyes laborales, así como aplicando una protección social bien diseñada con objeto de garantizar una distribución de los ingresos más equilibrada en los países en desarrollo".
"Países como Argentina, Brasil, y más recientemente, Túnez, cuentan con experiencias muy positivas al respecto", afirmó la OIT, al tiempo que remarcó que "varios países latinoamericanos han realizado en la última década grandes esfuerzos para incluir a los trabajadores informales, con mayor protección social". 
"En Argentina, el aumento del empleo formal a partir de 2003 ha permitido a muchas familias acceder al sistema de seguridad social", precisó. 
Además, señaló que "la mayor parte de los países latinoamericanos, como Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador y Uruguay, tienen esquemas que cubren a los pobres con discapacidad, en algunos casos como parte de asignaciones condicionadas, además de los que tienen derecho a la seguridad social contributiva".

Rica, pero desigual.
Los informes del Indec revelaron que, para el primer trimestre del año, el porcentaje de empleados riocuartenses en situación de informalidad laboral alcanza el 44,8 por ciento.
De esta forma, esta ciudad del sur de la provincia de Córdoba, situada a 220 kilómetros de la capital, se ubicó en el segundo lugar, a nivel nacional, de las localidades con mayor porcentaje de trabajo "en negro". Tucumán, con el 45,3 por ciento, es la que ocupa el primer lugar de este triste ranking. 
Aunque es amplio el abanico de actividades económicas que tienen a sus empleados en la informalidad, los más perjudicados son los ladrilleros, la construcción y las trabajadoras domésticas.
Es paradójico que un sector como la construcción, con el "boom" edilicio, que ha cambiado la fisonomía de esta ciudad, antaño provinciana y ahora con enormes edificios y centros comerciales, sea uno de los que más trabajadores "en negro" emplee. Así se revelan las dos caras de una ciudad que por un lado muestra la pujanza económica, proveniente en gran parte de la producción agrícola, en especial la siembra y cosecha de soja para la exportación cuyas ganancias extraordinarias han sido invertidas, en muchos casos, en departamentos y emprendimientos inmobiliarios. Y por el otro, están los trabajadores de la construcción, con precariedad laboral e informalidad, además de los riesgos que ese trabajo tiene, sobre todo si se trata de la construcción de edificios en altura.
El servicio doméstico es otro sector con alta informalidad, a pesar de las campañas que desde el Ministerio de Trabajo se han realizado, para la regularización de la situación laboral de las empleadas de casas de familia. El Sindicato de Personal de Casas de Familia (Sinpecaf) afirma que sólo 1 de cada 5 trabajadoras está registrada.
Y en cuanto a los ladrilleros, desde el sindicato que los agrupa, la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (Uolra), denunciaron que el porcentaje de informalidad en su sector, alcanza hasta el 95 por ciento. 

Campo rico, peones pobres.
Aunque desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (Uatre) sostienen que el trabajo informal ha disminuido notoriamente en Río Cuarto durante los últimos años, gracias a las inspecciones de las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación y del propio sindicato, el sector de los trabajadores rurales sigue siendo uno de los que mayor empleados "en negro" registra. Y resulta paradójico que esa irregularidad laboral se dé, tal como sucede con los trabajadores de la construcción, en un sector que ha obtenido ganancias extraordinarias en los últimos años.
Una prueba de la situación que padecen los peones rurales, a manos de los dueños de ricas explotaciones rurales, es la reciente denuncia penal que tiene al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, como principal acusado. La causa que investiga el fiscal Samuel Rojkin, es por "reducción a la servidumbre", en contra de dos trabajadores, los hermanos Sergio y Antonio Cornejo, que trabajan en la estancia La Hoyita, propiedad de la familia Etchevehere, desde hace 38 años.
Estos humildes trabajadores vivieron siempre en condiciones casi infrahumanas, realizando todo tipo de trabajos, sin salario ni aportes ni obra social, sólo cobrando 450 pesos "en negro".
Hace un mes, la Sociedad Rural emitió un comunicado institucional para defender a su presidente y desmentir la denuncia penal. Pero frente a la difusión de la declaración de los hermanos Cornejo en la audiencia convocada por el fiscal Rojkin, ahora la entidad no hizo ninguna defensa de Etchevehere.

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lunes, 30 de junio de 2014

RIVAS EN INFOBAE EN NOTA "EL OFICIALISMO AVANZA EN UNA AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS PARA ENFRENTAR LOS AUMENTOS DE REMEDIOS"

30/06/2014 Infobae.com - Home 

Política lunes 30 de junio 2014 
El oficialismo avanza en una agencia nacional de laboratorios públicos para enfrentar los aumentos de remedios 

Diputados kirchneristas elaboraron un proyecto para crear una entidad que nuclee a las casi 40 plantas de medicamentos que dependen de los distintos gobiernos provinciales y universidades. Apuntan a minimizar la influencia de las grandes empresas en el mercado 
Crédito: Shutterstock
El kirchnerismo avanza en su enfrentamiento con los grandes laboratorios para mantener a raya el precio de los medicamentos . La semana pasada, el gobierno nacional ordenó que todas las empresas del sector retrotrajeran sus precios a los que tenían el 7 de mayo. Aunque en principio amenazaron con resistirse en la Justicia, las compañías comenzaron a acatar la medida. Ahora, el oficialismo redoblará la apuesta: un grupo de diputados del Frente para la Victoria presentó un proyecto para crear la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos ( Anlap ).
La propuesta, que ingresó a la Cámara baja a fines de la semana pasada, contempla agrupar las casi 40 plantas de remedios que los gobiernos provinciales y distintas universidades tienen a lo largo y ancho del país. "Reconociendo la salud como un derecho humano, la producción de medicamentos no puede dejarse exclusivamente en manos de privados, cuyo fin es la rentabilidad", señaló la autora del proyecto, la legisladora Carolina Gaillard .
La intención es que la nueva Anlap pueda centralizar la compra de elementos que necesitan los laboratorios del Estado "para que el sistema público gane mayor competitividad en el mercado ". Con menores costos, el oficialismo confía en poder lograr establecer precios competitivos y de referencia en el mercado que hoy dominan los privados.
El interés está puesto también en avanzar en el área de los llamados medicamentos "huérfanos ", aquellos que permiten enfrentar enfermedades que afectan a un número muy reducido de personas (menos de 5 cada 10 mil habitantes, según los estándares internacionales). Por el bajo rédito que puede implicarles, muchas veces los laboratorios privados o bien ni se molestan en fabricar la droga o bien la cobran a precios exorbitantes.
La legisladora nacional por Entre Ríos responde al gobernador Sergio Urribarri . Pero su propuesta lleva la firma de otros hombres y mujeres del Frente para la Victoria, como son la titular de la Comisión de Salud, Andrea García; Carlos Raimundi , Jorge Rivas y la marplatense Adela Segarra . Su proyecto ingresó por mesa de entradas de la Cámara de Diputados el miércoles, apenas un día después de que la Secretaría de Comercio de la Nación ordenara con un decreto que se retrotraigan los precios de los remedios.
Gaillard aseguró al diario Página 12 que el proyecto fue elaborado con anterioridad e insistió en que fue escrito "sin saber las medidas que iban a tomarse contra la cartelización de los laboratorios". Pero la medida del gobierno nacional no hace más que probar que "es necesario avanzar en el sentido que propone la ley", sostuvo.
En 2002, el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.649 para impulsar la prescripción de remedios de tipo genérico en vez del nombre de la marca privada generada por los grandes laboratorios. Cuando asumió, el kirchnerismo le dio un fuerte impulso a la medida. Pero, con el paso de los años, la propuesta cayó en el olvido. Según pudo comprobar Infobae , ya no hay campañas públicas en televisión explicando las bondades de sus alcances ni funcionarios que se esfuercen por hacerles llegar el mensaje a quienes día a día sufren los aumentos desmesurados de los medicamentos que elaboran los laboratorios más importantes.

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RIVAS EN MDZOL EN NOTA "QUIEREN UNA AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS"

30/06/2014 mdzol.com (MDZ) - Nota 

Politica 
Quieren una agencia nacional de laboratorios públicos 

Oficialistas buscan, de ese modo, contrarrestar el incremento desmedido en los remedios y ofrecer una coartada al oligopolio de los laboratorios. 
MDZ Política
Oficialistas buscan, de ese modo, contrarrestar el incremento desmedido en los remedios y ofrecer una coartada al oligopolio de los laboratorios.
Politica
En contra de los incrementos de los remedios, diputados kirchneristas buscan crear una agencia nacional de laboratorios públicos. El organismo nuclearía a las casi 40 plantas de medicamentos que dependen de los distintos gobiernos provinciales y de universidades. La iniciativa se presenta en un momento crucial en el que el Gobierno intenta neutralizar las subas de los remedios. Debe recordarse que la semana pasada, el Ejecutivo ordenó que todas las empresas del sector retrotrajeran sus precios a los que tenían el 7 de mayo. Aunque en principio amenazaron con resistirse en la Justicia, las compañías comenzaron a acatar la medida. Ahora, el oficialismo redoblará la apuesta: un grupo de diputados del Frente para la Victoria presentó un proyecto para crear la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap). La propuesta, que ingresó a la Cámara baja a fines de la semana pasada, contempla agrupar las casi 40 plantas de remedios que los gobiernos provinciales y distintas universidades tienen a lo largo y ancho del país. "Reconociendo la salud como un derecho humano, la producción de medicamentos no puede dejarse exclusivamente en manos de privados, cuyo fin es la rentabilidad", señaló la autora del proyecto, la legisladora Carolina Gaillard, según recuperó Infobae.com. La intención es que la nueva Anlap pueda centralizar la compra de elementos que necesitan los laboratorios del Estado "para que el sistema público gane mayor competitividad en el mercado". Con menores costos, el oficialismo confía en poder lograr establecer precios competitivos y de referencia en el mercado que hoy dominan los privados. El interés está puesto también en avanzar en el área de los llamados medicamentos "huérfanos", aquellos que permiten enfrentar enfermedades que afectan a un número muy reducido de personas (menos de 5 cada 10 mil habitantes, según los estándares internacionales). Por el bajo rédito que puede implicarles, muchas veces los laboratorios privados o bien ni se molestan en fabricar la droga o bien la cobran a precios exorbitantes. La legisladora nacional por Entre Ríos responde al gobernador Sergio Urribarri. Pero su propuesta lleva la firma de otros hombres y mujeres del Frente para la Victoria, como son la titular de la Comisión de Salud,Andrea García; Carlos Raimundi, Jorge Rivas y la marplatense Adela Segarra. Su proyecto ingresó por mesa de entradas de la Cámara de Diputados el miércoles, apenas un día después de que la Secretaría de Comercio de la Nación ordenara con un decreto que se retrotraigan los precios de los remedios. Gaillard aseguró al diario Página 12 que el proyecto fue elaborado con anterioridad e insistió en que fue escrito "sin saber las medidas que iban a tomarse contra la cartelización de los laboratorios". Pero la medida del gobierno nacional no hace más que probar que "es necesario avanzar en el sentido que propone la ley", sostuvo. En 2002, el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.649 para impulsar la prescripción de remedios de tipo genérico en vez del nombre de la marca privada generada por los grandes laboratorios. Cuando asumió, el kirchnerismo le dio un fuerte impulso a la medida. Pero, con el paso de los años, la propuesta cayó en el olvido. Según pudo comprobar Infobae.com , ya no hay campañas públicas en televisión explicando las bondades de sus alcances ni funcionarios que se esfuercen por hacerles llegar el mensaje a quienes día a día sufren los aumentos desmesurados de los medicamentos que elaboran los laboratorios más importantes.
 

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TELAM > APOYO DE JORGE RIVAS A PROYECTO DE DIPUTADA GAILLARD SOBRE PRODUCCIÓN PÚBLICA DE MEDICAMENTOS

30/06/2014 Télam - Cable de Noticias 
MEDICAMENTOS-PRECIOS-DIPUTADOS/ DIPUTADA GAILLARD: "HAY QUE FORTALECER EL SISTEMA PUBLICO DE MEDICAMENTOS PARA PODER TENER `PRECIOS TESTIGO`" 

Buenos Aires, 30 de junio (Télam).- La diputada nacional Carolina Gaillard señaló hoy que "en la medida que se fortalezca el sistema público de medicamentos y se pueda abastecer a parte del mercado, se pueden comenzar a establecer precios de referencia, precios testigo, fundamentales al momento de dar la discusión sobre el costo de los mismos".
La legisladora del Frente para la Victoria de Entre Ríos se expresó de esta manera al defender una iniciativa de su autoría, en la que propone la creación de una Agencia Nacional de Laboratorios Públicos de Medicamentos con el objetivo de fomentar la investigación y desarrollar y robustecer la producción pública de medicamentos "para alcanzar la soberanía en materia de salud".
En diálogo con Télam, la diputada kirchnerista dijo que "se trata de un tema de interés nacional, de la soberanía en materia de salud que significa tener producción pública de medicamentos".
"Considero que el derecho a la salud es un derecho humano básico, esencial, y en ese sentido, que el medicamento no es una mercancía, sino un bien social", aseveró.
Gaillard precisó: "A partir de eso, el Estado debe garantizar el acceso de todos los habitantes a los medicamentos; por eso se busca garantizar el acceso a través de la producción pública, pero también con una mirada a largo plazo que tiene que ver con la soberanía en salud, de fortalecer el sistema científico nacional y la investigación".
Remarcó que "sólo desde el sistema público se pueden establecer precios testigo, teniendo en cuenta que el sistema público defiende a la población y al interés común, y eso permite realizar una verdadera estructura de costos".
"No como hacen las empresas privadas, que muchas veces ponen valores de mercado que a veces dan una rentabilidad de más del 1.000 por ciento entre lo que tienen de insumos y el precio al que se vende en las farmacias", añadió.
"A partir de este proyecto no hay que instalar una falsa dicotomía entre lo público y lo privado; porque para este proyecto de gobierno ha sido muy importante el desarrollo de la industria nacional y muchos de los laboratorios privados son parte de esa industria", aclaró.
Por último, recordó el caso que se dio en la crisis de 2001, "cuando el Estado no podía pagar al proveedor privado; y allí intervino el sistema público que salió a abastecer a la población que no podía acceder a los mismos".
La iniciativa cuenta con el apoyo de los legisladores kirchneristas Araceli Ferreyra, Adela Segarra, Mara Brawer, Carlos Raimundi, Jorge Rivas, Silvia Simoncini, Eduardo Seminara, Jorge Barreto, Liliana Ríos, Lautaro Gervasoni y Andrea García, entre otros.
El texto fue girado a las comisiones de Salud (cabecera), Comercio y Peticiones. (Télam).-

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RIVAS EN PÁGINA/12 EN NOTA SOBRE PRODUCCIÓN PÚBLICA DE MEDICAMENTOS

30/06/2014 Página 12 - Nota - El País - Pag. 2 

DIPUTADOS DEL FPV PROPONEN CREAR UNA AGENCIA NACIONAL QUE NUCLEE LA PRODUCCION PUBLICA DE MEDICAMENTOS 
Una ley para hacer frente a los otros monopolios 

El proyecto, presentado en medio de la puja por los precios de los fármacos, busca aunar a los casi 40 laboratorios públicos del país con el fin de contrarrestar las conductas monopólicas de los grandes laboratorios privados. 
"Hacer tus propios medicamentos es promover el desarrollo nacional y adquirir soberanía", asegura la diputada del Frente para la Victoria, Carolina Gaillard, autora del proyecto de ley que propone crear una Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap) que nuclee a las casi 40 usinas de medicamentos que dependen de gobiernos provinciales y universidades nacionales. La premisa del texto que ingresó la semana pasada al Congreso, con la firma de una decena de legisladores oficialistas, es que el Estado "diseñe la política de producción, investigación y desarrollo" de fármacos para evitar ser rehenes de las conductas monopólicas de los grandes laboratorios privados extranjeros, y al mismo tiempo promover la generación de mayor valor agregado al trabajo científico nacional.

"Reconociendo la salud como un derecho humano, la producción de medicamentos no puede dejarse exclusivamente en manos de privados, cuyo fin es la rentabilidad", explica Gaillard, quien sin embargo advierte que el proyecto "no va en desmedro de los laboratorios privados, especialmente de los pequeños y medianos, que generan puestos de trabajo y desarrollo científico al país", sino que plantea "darle un rol rector al Estado" para establecer políticas y articular la labor de todos los laboratorios públicos. Los efectos, como la producción local de precursores o la creación de nuevas patentes nacionales, "van a terminar beneficiando a todos", agrega la diputada.

La creación de una Agencia Nacional permitirá centralizar la compra de activos de los laboratorios que dependen del Estado "para que el sistema público gane mayor competitividad en el mercado", lo que permitiría formar precios de referencia, que hoy están en manos de los grandes laboratorios, y producir medicamentos "huérfanos", como se conoce a aquellos que no generan rentabilidad comercial por tratar enfermedades que afectan a cantidades muy reducidas de pacientes (menos de 5 cada 10 mil personas, según las regulaciones internacionales). También permitirá avanzar en el control de estándares de calidad de los medicamentos que se importan tanto como los que se producen en el país.

El proyecto cuenta con la firma de una decena de legisladores oficialistas, entre ellos la titular de la Comisión de Salud, Andrea García; Carlos Raimundi, Jorge Rivas y Adela Segarra, e ingresó a la Cámara baja el miércoles pasado, un día después de que el Gobierno ordenara a los laboratorios retrotraer los precios de todos los medicamentos de venta bajo receta a los valores de principios de mayo, bajo amenaza de cuantiosas multas. La autora del texto explica que el proyecto es anterior y se hizo "sin saber las medidas que iban a tomarse contra la cartelización de los laboratorios", pero que la actualidad "demuestra que es necesario avanzar en el sentido que propone la ley".

La iniciativa aparece como la continuación de otros avances que se introdujeron en los últimos años en materia de salud y producción de fármacos. Por un lado, la ley de prescripción de medicamentos por su nombre genérico, o ley de genéricos a secas, sancionada en 2002 cuando Ginés González García era ministro de Salud de la presidencia interina de Eduardo Duhalde, y ejecutada mayormente por el mismo funcionario durante el gobierno de Néstor Kirchner. "La producción pública tuvo un lugar central durante la crisis de 2001, cuando abasteció a grandes sectores de la población que quedaron en situación vulnerable cuando el Estado no tenía con qué pagarles a los proveedores privados", recuerda Gaillard.

Otro antecedente, más directo, es la ley 26.688, que declara "de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos". Esa norma, que nunca fue reglamentada, establecía que la autoridad de aplicación era el Ministerio de Salud. El nuevo proyecto plantea, en cambio, la creación de la Anlap como un órgano "que goza de autarquía y autonomía para actuar", y cuenta con un presupuesto propio, de forma tal que pueda tomar un rol rector en el diseño, la implementación y coordinación de toda la política de producción pública de medicamentos, algo en que la ley 26.688 quedó a mitad de camino.

"El lobby de la industria de los laboratorios, para que no se desarrolle el sistema público y poder seguir poniendo los precios que quieren, es muy fuerte", busca explicaciones Gaillard. Además de los diputados oficialistas que rubricaron el proyecto, la iniciativa llega con el apoyo de otros sectores vinculados con el área y que buscan contrarrestar la presión de los privados: allí aparecen la multisectorial para la producción pública de medicamentos; reconocidos profesionales como el titular de la cátedra libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA, Claudio Capuano; y Martín Isturiz, investigador principal del Conicet y la Redlab, que nuclea desde 2007 a los laboratorios públicos y es el germen del proyecto de la Anlap.

Hay también un aspecto relacionado con la política regional en la iniciativa: a través del Laboratorio Farmacéutico Conjunto de las Fuerzas Armadas, que funciona bajo el paraguas del Ministerio de Defensa, se está trabajando en la articulación en esta materia dentro del ámbito de Unasur. Allí se busca fomentar los lazos de cooperación científica para trabajar en avances conjuntos, aprender de experiencias como la de Brasil, que ha logrado a través de la producción pública bajar los precios de los medicamentos, y abrir nuevos mercados para los fármacos que se producen en los laboratorios nacionales.
 


  Tirada: 15000
Difusión: 60000


domingo, 29 de junio de 2014

MIRADA PROFESIONAL > RIVAS FIRMANTE DE PROYECTO SOBRE PRODUCCIÓN ESTATAL DE MEDICAMENTOS


Para fomentar su actividad, piden crear una agencia nacional de laboratorios estatales

BUENOS AIRES, junio 26: La iniciativa de un grupo de legisladores busca unir los esfuerzos de las plantas estatales, para potenciar su trabajo. Se buscará estandarizar los cánones de calidad y hacer compras conjuntas que permitan bajar los costos. Para una de las autoras del proyecto, la producción de fármacos públicos permite "ganar soberanía en salud".

Si bien desde mediados de 2011 existe una ley que fomenta la actividad en todo el país, la producción pública de medicamentos sigue estando ausente en la agenda del sistema de salud nacional. En tiempos que el mercado farmacéutico está en discusión –ver a aparte –potenciar el trabajo de las plantas estatales puede ser una alternativa viable de cara al futuro. Así lo entiende un grupo de legisladores que presentaron en el Congreso un proyecto para crear una agencia que nuclee en todo el país estos establecimientos, y que sirva de nexo entre ellos y hacia afuera. Además de garantizar la calidad de los productos allí fabricados, se buscaría bajar los costos con compras conjuntas. "Ganar soberanía en salud", la consigna del proyecto.

La iniciativa fue presentada por la diputada nacional Carolina Gaillard, del bloque del Frente para la Victoria (FpV), y cuenta con el respaldo de varios legisladores, incluyendo la titular de la Comisión de Salud. El objetivo es crear "una agencia nacional que nuclee a todos los laboratorios públicos de medicamentos del país", y de esta manera fortalecer "el rol de los mismos para promover la investigación y el desarrollo en materia de medicamentos, y consecuentemente ganar soberanía en salud".

"Esta agencia se instituye como un espacio que propende al fortalecimiento del rol de los laboratorios públicos en el sistema de salud y se propone generar un trabajo de articulación entre los laboratorios públicos de medicamentos en nuestro país", dijo la legisladora. Para Gaillard, diputada que representa a la provincia de Entre Ríos, "reconociendo la salud como un derecho, la producción de medicamentos no puede ser concebida como una mercancía sino como un bien social".

En este sentido, la creación de la agencia "sienta las bases para alcanzar la soberanía en materia de salud en nuestro país a través del fomento a la investigación y el desarrollo en la producción pública de medicamentos".

Cabe recordar que en el país existen 40 laboratorios de producción de medicamentos, aunque nueve son apenas farmacias hospitalarias que fraccionan comprimidos. Los que han alcanzado un elogiable nivel de gestión y producción son, según los especialistas, Puntanos de San Luis, Hemoderivados de Córdoba, Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM) de Rosario y Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe, que tienen modelos de funcionamiento autárquico.

Los laboratorios de producción pública pasaron de una producción de 90 millones de unidades en 2003 a 620 millones en 2010, con un crecimiento del 680 por ciento. La capacidad potencial plena ha sido calculada en 680 millones de unidades anuales, es decir, que se aproximan a su techo productivo, aunque con disparidades, ya que sólo 8 de los 40 son proveedores del Programa Remediar del Ministerio de Salud de la Nación.

La idea de esta agencia es que además de potenciar la actividad, se logre avanzar en los estándares de calidad, para garantizar que los medicamentos públicos sean seguros. Otra idea que ronda alrededor de la propuesta es que se realicen compras centralizadas de activos, de manera que el sistema público gane mayor competitividad en el mercado de medicamentos, así como también intervenir en el mercado en la formación de precios de referencia y en la producción de medicamentos huérfanos.

"Nuestro objetivo con este proyecto es darle un rol rector al Estado en la producción pública de medicamentos, posibilitando una regulación estratégica en un área que involucra nada más y nada menos que la vida y salud de los argentinos, que no puede quedar librada a las fuerzas del mercado" afirmó Gaillard. La iniciativa fue acompañada con las firmas de los diputados Araceli Ferreyra, Adela Segarra, Mara Brawer, Carlos Raimundi, Jorge Rivas, Silvia Simoncini, Eduardo Seminara, Jorge Barreto, Liliana Ríos, Lautaro Gervasoni, y también la presidenta de la Comisión de Salud, Andrea García.

Esta agencia se sumaría a otro proyecto, la ley 26.888, ya aprobado y que declara de "Interés Nacional la Investigación y Producción Pública de Medicamentos y Materias Primas para la Producción Pública de Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos". El primer proyecto de ley nacional en esta temática fue presentado por Eduardo Macaluse (diputado nacional mandato cumplido) en 2002. En 2009 se sumó otro proyecto de ley presentado por el diputado Mario Martiarena, y se alcanzó un dictamen de consenso en 2010, que alcanzó media sanción en Diputados en el mismo año, con 180 votos a favor y 3 abstenciones. En junio de 2011 fue finalmente sancionada por unanimidad en Senado.

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