jueves, 17 de julio de 2014

RIVAS EN PÁGINA/12 > LOS SOCIALISTAS CELEBRAN LA CREACIÓN DEL INSTITUTO A. PALACIOS

17/07/2014 Página 12 - Nota - El País - Pag. 11 

Los socialistas celebran la creación del Instituto A. Palacios 
"Mayor inclusión en el dispositivo cultural" 

Los dirigentes socialistas que acompañan el gobierno de Cristina Ferández de Kirchner celebraron la creación del Instituto Alfredo Palacios, anunciado ayer por el secretario del Pensamiento Nacional, Ricardo Forster. El diputado Jorge Rivas y el secretario de Relaciones Parlamentarias, Oscar González, entre otros, señalaron que la medida representa "mayor inclusión política en el dispositivo cultural del Estado".
"Nuestra identidad política, nuestra tradición cultural, estaban ausentes hasta ahora del dispositivo cultural del Estado, en el que sí tenían cabida otras perspectivas, como la que expresan los institutos nacionales Juan Manuel de Rosas, Juan Perón e Yrigoyeniano y de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, entre otros", dijeron los socialistas, que se mostraron "entusiasmados por el anuncio, que recoge una antigua iniciativa de nuestro sector y que se compadece con la naturaleza amplia y plural del proceso de transformación que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner".
La declaración fue formada por Rivas, diputado nacional en el bloque del FpV; González, secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional; Susana Rinaldi, legisladora porteña; Alejandro Rofman, economista del grupo Fénix y Guillermo Torremare, director del periódico La Vanguardia. Ellos expresaron su "fraternal reconocimiento a la ministra de Cultura, Teresa Parodi y a Forster", quien en su primera actividad pública anunció la creación del Instituto Nacional Alfredo Palacios.


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miércoles, 16 de julio de 2014

RIVAS CELEBRÓ LA CREACIÓN DEL INSTITUTO ALFREDO PALACIOS

La creación del Instituto Alfredo Palacios, mayor inclusión política en el dispositivo cultural del Estado.

Los dirigentes socialistas Jorge Rivas, diputado nacional en el bloque del FPV; Oscar González, Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional; Susana Rinaldi, legisladora porteña; Alejandro Rofman, economista del grupo Fénix y Guillermo Torremare, director del periódico La Vanguardia, expresaron hoy su “fraternal reconocimiento a la ministra de Cultura, Teresa Parodi y al nuevo secretario del Pensamiento Nacional, Ricardo Forster, quien en su primera actividad pública anunció la creación del Instituto Nacional Alfredo Palacios”.
“Nuestra identidad política, nuestra tradición cultural, estaban ausentes hasta ahora del dispositivo cultural del Estado, en el que sí tenían cabida otras perspectivas, como la que expresan los institutos nacionales Juan Manuel de Rosas, Juan Perón e Yrigoyeniano y de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, entre otros”, dijeron los socialistas , que se mostraron “entusiasmados por el anuncio, que recoge una antigua iniciativa de nuestro sector y que se compadece con la naturaleza amplia y plural del proceso de transformación que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner”.



PARLAMENTARIO > RIVAS REPUDIÓ EL BOMBARDEO A LA FRANJA DE GAZA

Parlamentario
Rivas repudió el bombardeo a la Franja de Gaza
“Es necesario que se ponga fin a los innumerables padecimientos del pueblo palestino, después de casi medio siglo de ocupación militar injusta y abusiva”, sostuvo el socialista K.

Mientras el país entero se concentraba en el mundial de fútbol, el gobierno de Israel volvió a bombardear la Franja de Gaza, causando más de un centenar de víctimas. Frente a esta situación, el diputado nacional Jorge Rivas (FpV) manifestó su enérgico repudio a tales acontecimientos.

“Es necesario que se detenga la matanza en la Franja de Gaza, y que se ponga fin a los innumerables padecimientos del pueblo palestino, después de casi medio siglo de ocupación militar injusta y abusiva”, sostuvo el socialista K.


martes, 15 de julio de 2014

AGENCIA EFE - ESPAÑA > DIPUTADO ARGENTINO JORGE RIVAS REPUDIÓ BOMBARDEO A GAZA

15 de julio de 2014 • 17:41

Organizaciones pro Palestina piden al Gobierno argentino que condene ataques

El Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino convocó hoy una movilización en repudio de "la inhumana agresión" de Israel en "contra de la población de la Franja de Gaza" y solicitó al Gobierno argentino que condene los ataques, informaron fuentes de la organización.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Federación de Entidades Argentino Palestinas y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre dieron a conocer este martes en una rueda de prensa una declaración pública y manifestaron su "repudio y absoluta condena" al ataque a la Franja de Gaza.

En el documento, las organizaciones llaman al Gobierno argentino a "manifestarse de manera contundente" contra el "genocidio en contra del pueblo palestino" y a "condenar las prácticas criminales del Estado de Israel" en su carácter de miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En el acto público de este martes también participó el Embajador de Palestina en Argentina, Walid Muaqqat, quien informó de las gestiones que realiza la Autoridad Nacional Palestina ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) para pedir la protección de la sociedad civil.

Por su parte, el diputado socialista Jorge Rivas, dio a conocer hoy un mensaje de repudió al bombardeo de la Franja de Gaza.

"Es necesario que se detenga la matanza en la Franja de Gaza, y que se ponga fin a los innumerables padecimientos del pueblo palestino, después de casi medio siglo de ocupación militar injusta y abusiva", sostuvo Rivas a través de un comunicado.


Israel reanudó hoy sus bombardeos sobre Gaza después de que las milicias islamistas rechazaran la iniciativa de alto el fuego presentada por Egipto y muriera el primer ciudadano israelí a causa del lanzamiento de un cohete.

Desde el pasado martes 8, cuando inició la ofensiva israelí, han muerto 190 palestinos, en su mayoría civiles, y 1.400 han resultado heridos.

EFE - Agencia EFE


lunes, 14 de julio de 2014

EL DIPUTADO SOCIALISTA JORGE RIVAS REPUDIÓ EL BOMBARDEO A GAZA


Buenos Aires, 14 de julio de 2014

El socialista Rivas repudió el bombardeo de la Franja de Gaza


“Es necesario que se detenga la matanza en la Franja de Gaza, y que se  ponga fin a los innumerables padecimientos del pueblo palestino, después de casi medio siglo de ocupación militar injusta y abusiva”, dijo hoy el diputado socialista Jorge Rivas, al expresar su enérgico repudio al bombardeo de la Franja de Gaza por parte del gobierno israelí, que ha causado ya más de un centenar de víctimas, entre ellas muchos niños.


martes, 8 de julio de 2014

TELAM > RIVAS PROPONE UNA CAMPAÑA QUE ESTIMULE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS

INICIATIVA

Rivas propone una campaña que estimule la donación de órganos

El diputado socialista Jorge Rivas (Frente para la Victoria) presentó un proyecto para exhortar al Ministerio de Salud a instrumentar "una campaña masiva de comunicación y difusión que informe y estimule a la población respecto de la donación de órganos".
Rivas en su proyecto solicitó también la reglamentación de la ley 26.066, conocida como del Donante Presunto, una norma sancionada en 2005, que "procura ofrecer soluciones a miles de ciudadanos que esperan un trasplante para mejorar su expectativa de vida o seguir viviendo".

 En ese sentido, y tras recordar que "donar órganos es salvar vidas", Rivas consideró que "la campaña de difusión debe estar dirigida, además, a comprometer a los profesionales de la salud, convocándolos para desarrollar estrategias tendientes a reducir las causas de negación a la donación".

Se trata, además, del primer proyecto que ingresa en la cámara de diputados bajo la modalidad de "firma digital", lo que le permitió a Rivas firmar la iniciativa, a pesar de no poder hacerlo manualmente, debido al cuadro de cuadriplegia que sufre desde que recibió un golpe durante un robo en 2007.

lunes, 7 de julio de 2014

EL DIPUTADO JORGE RIVAS PROPONE UNA CAMPAÑA QUE ESTIMULE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS

Rivas propone una campaña que estimule la donación de órganos

El diputado socialista Jorge Rivas presentó hoy un proyecto de Resolución para exhortar al Ministerio de Salud a instrumentar "una campaña masiva de comunicación y difusión que  informe y estimule a la población respecto de la donación de órganos, incluyendo los casos particulares de pacientes necesitados de trasplantes que quieran dar a conocer su situación a la opinión pública".

"Donar órganos es salvar vidas", recordó el legislador, que en su proyecto solicita también la reglamentación de la ley 26.066, conocida como del Donante Presunto, una norma sancionada en 2005, que "procura ofrecer soluciones a miles de ciudadanos que esperan un trasplante para mejorar su expectativa de vida o seguir viviendo".

 "La campaña de difusión – plantea el referente de la Confederación Socialista, que integra el bloque del Frente para la Victoria - debe estar dirigida además a comprometer a los profesionales de la salud, convocándolos para desarrollar estrategias tendientes a reducir las causas de negación a la donación".

El proyecto de Resolución fue presentado hoy en la Cámara de Diputados nacional bajo el número de expediente número 5323-D-2014 y es el primer proyecto que ingresa bajo la modalidad de "firma digital", lo que le permitió a RIvas firmar a pesar de no poder hacerlo manualmente, debido al cuadro de cuadriplegia que sufre desde que recibió un golpe durante un robo en 2007.

jueves, 3 de julio de 2014

"MÁS POLICÍA, LA SOLUCIÓN ERRADA" > JORGE RIVAS EN PÁGINA/12 SOBRE EL DECRETO DE SCIOLI QUE CREA LAS POLICÍAS MUNICIPALES

03/07/2014 Página 12 - Nota - El País - Pag. 10 

OPINION 
Más policía, la solución errada 

Por Jorge Rivas *

La seguridad, en una sociedad democrática, es un derecho de todos. Un derecho que incluye un trabajo estable, una vivienda propia, educación y atención médica eficiente y gratuita, un futuro para los jóvenes y, por supuesto, la tranquilidad para disfrutar de ese bienestar y del tiempo libre. Esa seguridad, que la sociedad argentina conoció en buena medida en épocas pasadas, fue poco menos que arrasada entre los cuarenta años que precedieron a 2003.

Su versión en negativo, sin embargo, la inseguridad, parece referirse solamente al miedo a ser víctima de delitos contra la integridad física y la propiedad. Naturalmente, la protección por parte del Estado contra esos riesgos, inevitables en todas las sociedades en mayor o menor proporción, forma parte del derecho a la seguridad, aunque no lo agote.

Los grandes medios de comunicación de masas sostienen en su discurso ese modelo de inseguridad, que agitan todo el tiempo, interesadamente. Los medios, y muchos dirigentes políticos. Todos quieren sacar partido del miedo que ellos mismos generan. Algunos, superficiales oportunistas, con meros fines electorales. Otros, porque saben que los ciudadanos asustados están más propensos a delegar cada vez más facultades en aquellos que se ofrecen para protegerlos del mal.

Las estadísticas internacionales revelan con claridad que el problema del delito no es en nuestro país más grave que en la mayoría de los demás países de la región. Por el contrario, es menos grave. Pero no es la verdad lo que les importa a los propagandistas del miedo. De cualquier manera, el problema existe, y el reclamo de vastos sectores de la sociedad es legítimo.

Lo que no es legítimo son las soluciones que proponen los actores que hemos señalado. Y tampoco es legítimo que finjan desconocer que si bien los factores que generan la expansión del delito son múltiples, el alto grado de desigualdad es reconocido como central por la totalidad de los criminólogos. El alto grado de desigualdad, o sea la cruel convivencia entre la ostentación de los que tienen todo en exceso y las necesidades elementales que padecen otros.

Entre las soluciones que proponen sobresalen la mano dura de las fuerzas paradójicamente llamadas de Seguridad, y el aumento indefinido de sus efectivos, de sus pertrechos y de sus facultades. Así, se estimulan la violencia institucional, el abuso de poder, el gatillo fácil, los crímenes que cometen represores armados contra ciudadanos y adolescentes indefensos. Crímenes que de ningún modo se justificarían si fueran cometidos contra culpables de graves delitos, pero que resultan particularmente aberrantes en la medida en que terminan con la vida de aquellos inocentes a los que las policías deberían precisamente proteger.

Los apóstoles de la mano dura, del meter bala a los delincuentes, quieren hacer retroceder la democracia hasta la negra época en la que esas fuerzas, militarizadas, participaban del gigantesco operativo de secuestro, tortura y desaparición del que fue víctima nuestro pueblo. Esa época, de la que tienen nostalgia algunos de los ideólogos del combate contra la inseguridad, fue precisamente la de mayor inseguridad en la historia del país, aun en la acepción limitada y arbitraria del término que se difunde por los medios.

De modo que no sólo no se trata de aumentar las facultades ni el número de las fuerzas policiales, sino, por el contrario, de subordinarlas realmente a los procedimientos democráticos. La reforma policial es una tarea, no por difícil menos necesaria, que nuestra democracia adeuda a la sociedad. En el estado en que se encuentran, no hay fuerza policial en el país que no forme parte del problema en lugar de formar parte de la solución.

Es por eso que la decisión del gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, de poner en la calle 15.000 hombres más con uniforme, armas, facultades para detener personas por averiguación de antecedentes o por la presunta comisión de delitos, todo ello en el territorio de la policía bonaerense, difícilmente constituya un aporte a la seguridad general. Más bien es lícito temer lo contrario.

* Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires (Confederación Socialista Bloque FPV)
 


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miércoles, 2 de julio de 2014

RIVAS EN DIARIO BUENOS AIRES HERALD > NOTA SOBRE LA PRODUCCIÓN PÚBLICA DE MEDICAMENTOS

01/07/2014 Buenos Aires Herald - Nota - Argentina - Pag. 3 
Gov’t allies want state involvement in drug production 

Lawmakers from the ruling Victory Front (FpV) are pushing for the creation of a state-sponsored agency of public laboratories, which is expected to play a central role in the “production, investigation and development” of prescription drugs, Kirchnerite lawmaker Carolina Gaillard revealed yesterday.
“Making your own medicines is a way to promote national development,” Gaillard told newspaper Página/12.
The bill she signed along with a dozen Kirchnerite representatives seeks to create a National Agency of Public Laboratories (Anlap) that will group some 40 research laboratories led by provincial governments and national universities.
The objective, the bill says, “is to prevent the country from being held hostage by the monopolistic practices of big, private foreign laboratories” while at the same time promoting the production and supporting added value to the scientific work.
“If we consider health as a human right, medicine production cannot be left exclusively in the hands of private companies whose objective is profit,” the bill explains.
FpV lawmakers argue the creation of Anlap will give way to centralized purchasing from all state-sponsored laboratories “thus allowing the public system to become more competitive in the market.”
If approved, the measure would help the country produce the so-called orphan medicines — unprofitable pharmaceuticals aim at treating diseases affecting small number of patients.
The bill was also signed by lawmakers Andrea García (who chairs the Health Committee of the Lower House), Carlos Raimundi, Jorge Rivas and Adela Segarra. It entered the Lower House last Wednesday, a day after the national government ordered laboratories to decrease prices or risk hefty fines.
Until now, Argentina’s prescription-drug market is largely deregulated so the government barely intervenes in setting prices.
The state of the (medical) union
The Herald yesterday revealed there are some 250 domestic and foreign pharmaceutical companies that operate in the country, with Roemmers, Bagó, Gador, Elea and Bayer leaving a large footprint on the sector.
According to estimates by prescription-drug experts, only 30 companies concentrate more than 75 percent of the sales in the country.
In the past few months, the majority of pharmaceutical products have seen price increases of more than 70 percent, a survey by the Trade Secretariat revealed.
Herald Staff
 


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RIVAS EN DIARIO LA CAPITAL DE ROSARIO EN NOTA SOBRE PRODUCCIÓN PÚBLICA DE MEDICAMENTOS

01/07/2014 La Capital - Rosario - Nota - Información General 
Salud: Proyectan crear una agencia nacional de producción pública de medicamentos 

Diez diputados del Frente para la Victoria (FPV) proponen crear una agencia nacional que nuclee la producción pública de medicamentos y una ley para hacer frente a los monopolios de la industria farmacéutica. El proyecto, presentado en medio de la puja por los precios de los fármacos, busca aunar a los casi 40 laboratorios públicos del país con el fin de contrarrestar las conductas monopólicas de los grandes laboratorios privados, según publicó ayer el diario Página 12.
"Hacer tus propios medicamentos es promover el desarrollo nacional y adquirir soberanía", asegura la diputada del Frente para la Victoria, Carolina Gaillard, autora del proyecto de ley que propone crear una Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap), que nuclee a las casi 40 usinas de medicamentos que dependen de gobiernos provinciales y universidades nacionales.
La premisa del texto que ingresó la semana pasada al Congreso, con la firma de una decena de legisladores oficialistas, es que "el Estado diseñe la política de producción, investigación y desarrollo de fármacos" para evitar ser rehenes de las conductas monopólicas de los grandes laboratorios privados extranjeros, y al mismo tiempo promover la generación de mayor valor agregado al trabajo científico nacional.
"Reconociendo la salud como un derecho humano, la producción de medicamentos no puede dejarse exclusivamente en manos de privados, cuyo fin es la rentabilidad", explica Gaillard, quien sin embargo advierte que el proyecto "no va en desmedro de los laboratorios privados, especialmente de los pequeños y medianos, que generan puestos de trabajo y desarrollo científico al país", sino que plantea "darle un rol rector al Estado" para establecer políticas y articular la labor de todos los laboratorios públicos. Los efectos, como la producción local de precursores o la creación de nuevas patentes nacionales, "van a terminar beneficiando a todos", agrega la diputada.
La creación de una Agencia Nacional permitirá centralizar la compra de activos de los laboratorios que dependen del Estado "para que el sistema público gane mayor competitividad en el mercado", lo que permitiría formar precios de referencia, que hoy están en manos de los grandes laboratorios, y producir medicamentos "huérfanos", como se conoce a aquellos que no generan rentabilidad comercial por tratar enfermedades que afectan a cantidades muy reducidas de pacientes (menos de cinco cada 10 mil personas, según las regulaciones internacionales). También permitirá avanzar en el control de estándares de calidad de los medicamentos que se importan tanto como los que se producen en el país.
El proyecto cuenta con la firma de una decena de legisladores oficialistas, entre ellos la titular de la Comisión de Salud, Andrea García; Carlos Raimundi, Jorge Rivas y Adela Segarra, e ingresó a la Cámara baja el miércoles pasado, un día después de que el gobierno ordenara a los laboratorios retrotraer los precios de todos los medicamentos de venta bajo receta a los valores de principios de mayo, bajo amenaza de cuantiosas multas. La autora del texto explica que el proyecto es anterior y se hizo "sin saber las medidas que iban a tomarse contra la cartelización de los laboratorios", pero que la actualidad "demuestra que es necesario avanzar en el sentido que propone la ley".
La iniciativa aparece como la continuación de otros avances que se introdujeron en los últimos años en materia de salud y producción de fármacos. Por un lado, la ley de prescripción de medicamentos por su nombre genérico, o ley de genéricos a secas, sancionada en 2002 cuando Ginés González García era ministro de Salud de la presidencia interina de Eduardo Duhalde, y ejecutada mayormente por el mismo funcionario durante el gobierno de Néstor Kirchner. "La producción pública tuvo un lugar central durante la crisis de 2001, cuando abasteció a grandes sectores de la población que quedaron en situación vulnerable cuando el Estado no tenía con qué pagarles a los proveedores privados", recuerda Gaillard.
Otro antecedente, más directo, es la ley 26.688, que declara "de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos". Esa norma, que nunca fue reglamentada, establecía que la autoridad de aplicación era el Ministerio de Salud. El nuevo proyecto plantea, en cambio, la creación de la Anlap como un órgano "que goza de autarquía y autonomía para actuar", y cuenta con un presupuesto propio, de forma tal que pueda tomar un rol rector en el diseño, la implementación y coordinación de toda la política de producción pública de medicamentos, algo en que la ley 26.688 quedó a mitad de camino.
"El lobby de la industria de los laboratorios, para que no se desarrolle el sistema público y poder seguir poniendo los precios que quieren, es muy fuerte", explica Gaillard. Además de los diputados oficialistas que rubricaron el proyecto, la iniciativa llega con el apoyo de otros sectores vinculados con el área y que buscan contrarrestar la presión de los privados: la multisectorial para la producción pública de medicamentos; reconocidos profesionales como el titular de la cátedra libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA, Claudio Capuano; y Martín Isturiz, investigador principal del Conicet y la Redlab, que nuclea desde 2007 a los laboratorios públicos y es el germen del proyecto de la Anlap.
Hay también un aspecto relacionado con la política regional en la iniciativa: a través del Laboratorio Farmacéutico Conjunto de las Fuerzas Armadas, que funciona bajo el paraguas del Ministerio de Defensa, se está trabajando en la articulación en esta materia en la Unasur. Allí se busca fomentar los lazos de cooperación científica para trabajar en avances conjuntos, aprender de experiencias como la de Brasil, que ha logrado a través de la producción pública bajar los precios de los medicamentos, y abrir nuevos mercados para los fármacos que se producen en los laboratorios nacionales.
Virus letal en bebés en Buenos Aires
El ministerio de Salud bonaerense alertó ayer sobre la presencia de un virus o bacteria que afecta a niños menores de un año con síntomas respiratorios y gastrointestinales, que en la zona norte del conurbano provocó cinco muertes en el último mes.
El sistema de vigilancia epidemiológica de la provincia envió ayer un alerta a las clínicas y hospitales para que notifiquen al ministerio en caso de que aparezcan nuevos cuadros de similares características.
La cartera sostuvo en un comunicado que en la provincia se registraron diez casos en niños de entre ocho y 13 meses, de los cuales cinco fallecieron, y recomendó "realizar consultas pediátricas de rigor toda vez que un niño menor de dos años tenga dificultad respiratoria".


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DIARIO LA ARENA > LA PAMPA > LA POSICIÓN DEL DIPUTADO RIVAS EN LA LUCHA CONTRA EL TRABAJO INFORMAL

Miercoles, 2 de Julio de 2014   


Río Cuarto, segunda en el ranking nacional de trabajo informal

Ubicada en el corazón de la "pampa gringa", en la provincia de mayor riqueza agrícola, la ciudad de Río Cuarto presenta uno de los mayores índices de desigualdad social.
IRINA SANTESTEBAN
Mientras el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, sigue con su campaña presidencial recorriendo los programas televisivos en Buenos Aires y dando consejos al gobierno nacional sobre cómo afrontar el problema de la deuda, no puede ocultar los problemas sociales que padecen muchos cordobeses, a pesar que viven en una de las provincias más ricas del país. 
El parate en la industria automotriz, que intenta ser contrarrestado a nivel nacional con planes como el Procreauto y en la provincia mediterránea con planes especiales a bajo interés de Bancor, el Banco de Córdoba, sigue produciendo las miles de suspensiones y hasta despidos en el sector. No sólo en las automotrices, sino en las decenas de autopartistas que son proveedoras de aquéllas.
Otro de los problemas que afectan a la provincia, en particular a la ciudad de Río Cuarto, es el trabajo no registrado, que priva al empleado que lo padece de aportes previsionales y cobertura de obra social. Obviamente, este tipo de empleo conlleva un grado mayor de explotación, y de sumisión del trabajador hacia el empleador, quien se aprovecha de la situación desfavorable de su dependiente, y además evade al fisco al no abonar las contribuciones patronales, ni los aportes a la obra social o al sindicato del sector. 

Ley contra trabajo informal.
La ley que se aprobó el año pasado contra el trabajo informal por iniciativa del gobierno kirchnerista y el apoyo de la mayoría de la oposición tiene como objetivo reducir esta problemática al 28% en 2016.
La nueva norma busca incentivar la contratación en blanco de los trabajadores de aquellas empresas que tienen hasta 80 empleados, mediante una reducción de contribuciones patronales durante dos años, siendo mayores las rebajas para las compañías pequeñas. 
Para el diputado nacional Jorge Rivas, uno de los defensores de la ley: "Hay empleadores que abusan de su posición dominante. Para muchos empresarios, la ganancia del capital vale más que el derecho de los trabajadores". Para el legislador la ley aprobada "es realista, al ofrecer estímulos económicos para empleadores y sanciones para quienes no cumplan". 

OIT y el trabajo informal.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ponderó los "esfuerzos" de Argentina por reducir el empleo informal y ampliar la cobertura social de sus trabajadores. Además destacó el impacto de la Asignación Universal por Hijo en "la reducción del número de hogares con niños en extrema pobreza".
En su reciente informe, "El Trabajo en el Mundo 2014: el Desarrollo a través del Empleo", ese organismo internacional destacó a la Argentina entre los países "que han abordado la informalidad a través de medidas pragmáticas, combinando la reforma fiscal, la protección social y la agilización en el proceso de registro para las empresas".
Según esta publicación, eso se ha logrado "facilitando el diálogo entre empleadores y trabajadores, reforzando las leyes laborales, así como aplicando una protección social bien diseñada con objeto de garantizar una distribución de los ingresos más equilibrada en los países en desarrollo".
"Países como Argentina, Brasil, y más recientemente, Túnez, cuentan con experiencias muy positivas al respecto", afirmó la OIT, al tiempo que remarcó que "varios países latinoamericanos han realizado en la última década grandes esfuerzos para incluir a los trabajadores informales, con mayor protección social". 
"En Argentina, el aumento del empleo formal a partir de 2003 ha permitido a muchas familias acceder al sistema de seguridad social", precisó. 
Además, señaló que "la mayor parte de los países latinoamericanos, como Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador y Uruguay, tienen esquemas que cubren a los pobres con discapacidad, en algunos casos como parte de asignaciones condicionadas, además de los que tienen derecho a la seguridad social contributiva".

Rica, pero desigual.
Los informes del Indec revelaron que, para el primer trimestre del año, el porcentaje de empleados riocuartenses en situación de informalidad laboral alcanza el 44,8 por ciento.
De esta forma, esta ciudad del sur de la provincia de Córdoba, situada a 220 kilómetros de la capital, se ubicó en el segundo lugar, a nivel nacional, de las localidades con mayor porcentaje de trabajo "en negro". Tucumán, con el 45,3 por ciento, es la que ocupa el primer lugar de este triste ranking. 
Aunque es amplio el abanico de actividades económicas que tienen a sus empleados en la informalidad, los más perjudicados son los ladrilleros, la construcción y las trabajadoras domésticas.
Es paradójico que un sector como la construcción, con el "boom" edilicio, que ha cambiado la fisonomía de esta ciudad, antaño provinciana y ahora con enormes edificios y centros comerciales, sea uno de los que más trabajadores "en negro" emplee. Así se revelan las dos caras de una ciudad que por un lado muestra la pujanza económica, proveniente en gran parte de la producción agrícola, en especial la siembra y cosecha de soja para la exportación cuyas ganancias extraordinarias han sido invertidas, en muchos casos, en departamentos y emprendimientos inmobiliarios. Y por el otro, están los trabajadores de la construcción, con precariedad laboral e informalidad, además de los riesgos que ese trabajo tiene, sobre todo si se trata de la construcción de edificios en altura.
El servicio doméstico es otro sector con alta informalidad, a pesar de las campañas que desde el Ministerio de Trabajo se han realizado, para la regularización de la situación laboral de las empleadas de casas de familia. El Sindicato de Personal de Casas de Familia (Sinpecaf) afirma que sólo 1 de cada 5 trabajadoras está registrada.
Y en cuanto a los ladrilleros, desde el sindicato que los agrupa, la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (Uolra), denunciaron que el porcentaje de informalidad en su sector, alcanza hasta el 95 por ciento. 

Campo rico, peones pobres.
Aunque desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (Uatre) sostienen que el trabajo informal ha disminuido notoriamente en Río Cuarto durante los últimos años, gracias a las inspecciones de las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación y del propio sindicato, el sector de los trabajadores rurales sigue siendo uno de los que mayor empleados "en negro" registra. Y resulta paradójico que esa irregularidad laboral se dé, tal como sucede con los trabajadores de la construcción, en un sector que ha obtenido ganancias extraordinarias en los últimos años.
Una prueba de la situación que padecen los peones rurales, a manos de los dueños de ricas explotaciones rurales, es la reciente denuncia penal que tiene al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, como principal acusado. La causa que investiga el fiscal Samuel Rojkin, es por "reducción a la servidumbre", en contra de dos trabajadores, los hermanos Sergio y Antonio Cornejo, que trabajan en la estancia La Hoyita, propiedad de la familia Etchevehere, desde hace 38 años.
Estos humildes trabajadores vivieron siempre en condiciones casi infrahumanas, realizando todo tipo de trabajos, sin salario ni aportes ni obra social, sólo cobrando 450 pesos "en negro".
Hace un mes, la Sociedad Rural emitió un comunicado institucional para defender a su presidente y desmentir la denuncia penal. Pero frente a la difusión de la declaración de los hermanos Cornejo en la audiencia convocada por el fiscal Rojkin, ahora la entidad no hizo ninguna defensa de Etchevehere.

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lunes, 30 de junio de 2014

RIVAS EN INFOBAE EN NOTA "EL OFICIALISMO AVANZA EN UNA AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS PARA ENFRENTAR LOS AUMENTOS DE REMEDIOS"

30/06/2014 Infobae.com - Home 

Política lunes 30 de junio 2014 
El oficialismo avanza en una agencia nacional de laboratorios públicos para enfrentar los aumentos de remedios 

Diputados kirchneristas elaboraron un proyecto para crear una entidad que nuclee a las casi 40 plantas de medicamentos que dependen de los distintos gobiernos provinciales y universidades. Apuntan a minimizar la influencia de las grandes empresas en el mercado 
Crédito: Shutterstock
El kirchnerismo avanza en su enfrentamiento con los grandes laboratorios para mantener a raya el precio de los medicamentos . La semana pasada, el gobierno nacional ordenó que todas las empresas del sector retrotrajeran sus precios a los que tenían el 7 de mayo. Aunque en principio amenazaron con resistirse en la Justicia, las compañías comenzaron a acatar la medida. Ahora, el oficialismo redoblará la apuesta: un grupo de diputados del Frente para la Victoria presentó un proyecto para crear la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos ( Anlap ).
La propuesta, que ingresó a la Cámara baja a fines de la semana pasada, contempla agrupar las casi 40 plantas de remedios que los gobiernos provinciales y distintas universidades tienen a lo largo y ancho del país. "Reconociendo la salud como un derecho humano, la producción de medicamentos no puede dejarse exclusivamente en manos de privados, cuyo fin es la rentabilidad", señaló la autora del proyecto, la legisladora Carolina Gaillard .
La intención es que la nueva Anlap pueda centralizar la compra de elementos que necesitan los laboratorios del Estado "para que el sistema público gane mayor competitividad en el mercado ". Con menores costos, el oficialismo confía en poder lograr establecer precios competitivos y de referencia en el mercado que hoy dominan los privados.
El interés está puesto también en avanzar en el área de los llamados medicamentos "huérfanos ", aquellos que permiten enfrentar enfermedades que afectan a un número muy reducido de personas (menos de 5 cada 10 mil habitantes, según los estándares internacionales). Por el bajo rédito que puede implicarles, muchas veces los laboratorios privados o bien ni se molestan en fabricar la droga o bien la cobran a precios exorbitantes.
La legisladora nacional por Entre Ríos responde al gobernador Sergio Urribarri . Pero su propuesta lleva la firma de otros hombres y mujeres del Frente para la Victoria, como son la titular de la Comisión de Salud, Andrea García; Carlos Raimundi , Jorge Rivas y la marplatense Adela Segarra . Su proyecto ingresó por mesa de entradas de la Cámara de Diputados el miércoles, apenas un día después de que la Secretaría de Comercio de la Nación ordenara con un decreto que se retrotraigan los precios de los remedios.
Gaillard aseguró al diario Página 12 que el proyecto fue elaborado con anterioridad e insistió en que fue escrito "sin saber las medidas que iban a tomarse contra la cartelización de los laboratorios". Pero la medida del gobierno nacional no hace más que probar que "es necesario avanzar en el sentido que propone la ley", sostuvo.
En 2002, el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.649 para impulsar la prescripción de remedios de tipo genérico en vez del nombre de la marca privada generada por los grandes laboratorios. Cuando asumió, el kirchnerismo le dio un fuerte impulso a la medida. Pero, con el paso de los años, la propuesta cayó en el olvido. Según pudo comprobar Infobae , ya no hay campañas públicas en televisión explicando las bondades de sus alcances ni funcionarios que se esfuercen por hacerles llegar el mensaje a quienes día a día sufren los aumentos desmesurados de los medicamentos que elaboran los laboratorios más importantes.

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RIVAS EN MDZOL EN NOTA "QUIEREN UNA AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS"

30/06/2014 mdzol.com (MDZ) - Nota 

Politica 
Quieren una agencia nacional de laboratorios públicos 

Oficialistas buscan, de ese modo, contrarrestar el incremento desmedido en los remedios y ofrecer una coartada al oligopolio de los laboratorios. 
MDZ Política
Oficialistas buscan, de ese modo, contrarrestar el incremento desmedido en los remedios y ofrecer una coartada al oligopolio de los laboratorios.
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En contra de los incrementos de los remedios, diputados kirchneristas buscan crear una agencia nacional de laboratorios públicos. El organismo nuclearía a las casi 40 plantas de medicamentos que dependen de los distintos gobiernos provinciales y de universidades. La iniciativa se presenta en un momento crucial en el que el Gobierno intenta neutralizar las subas de los remedios. Debe recordarse que la semana pasada, el Ejecutivo ordenó que todas las empresas del sector retrotrajeran sus precios a los que tenían el 7 de mayo. Aunque en principio amenazaron con resistirse en la Justicia, las compañías comenzaron a acatar la medida. Ahora, el oficialismo redoblará la apuesta: un grupo de diputados del Frente para la Victoria presentó un proyecto para crear la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap). La propuesta, que ingresó a la Cámara baja a fines de la semana pasada, contempla agrupar las casi 40 plantas de remedios que los gobiernos provinciales y distintas universidades tienen a lo largo y ancho del país. "Reconociendo la salud como un derecho humano, la producción de medicamentos no puede dejarse exclusivamente en manos de privados, cuyo fin es la rentabilidad", señaló la autora del proyecto, la legisladora Carolina Gaillard, según recuperó Infobae.com. La intención es que la nueva Anlap pueda centralizar la compra de elementos que necesitan los laboratorios del Estado "para que el sistema público gane mayor competitividad en el mercado". Con menores costos, el oficialismo confía en poder lograr establecer precios competitivos y de referencia en el mercado que hoy dominan los privados. El interés está puesto también en avanzar en el área de los llamados medicamentos "huérfanos", aquellos que permiten enfrentar enfermedades que afectan a un número muy reducido de personas (menos de 5 cada 10 mil habitantes, según los estándares internacionales). Por el bajo rédito que puede implicarles, muchas veces los laboratorios privados o bien ni se molestan en fabricar la droga o bien la cobran a precios exorbitantes. La legisladora nacional por Entre Ríos responde al gobernador Sergio Urribarri. Pero su propuesta lleva la firma de otros hombres y mujeres del Frente para la Victoria, como son la titular de la Comisión de Salud,Andrea García; Carlos Raimundi, Jorge Rivas y la marplatense Adela Segarra. Su proyecto ingresó por mesa de entradas de la Cámara de Diputados el miércoles, apenas un día después de que la Secretaría de Comercio de la Nación ordenara con un decreto que se retrotraigan los precios de los remedios. Gaillard aseguró al diario Página 12 que el proyecto fue elaborado con anterioridad e insistió en que fue escrito "sin saber las medidas que iban a tomarse contra la cartelización de los laboratorios". Pero la medida del gobierno nacional no hace más que probar que "es necesario avanzar en el sentido que propone la ley", sostuvo. En 2002, el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.649 para impulsar la prescripción de remedios de tipo genérico en vez del nombre de la marca privada generada por los grandes laboratorios. Cuando asumió, el kirchnerismo le dio un fuerte impulso a la medida. Pero, con el paso de los años, la propuesta cayó en el olvido. Según pudo comprobar Infobae.com , ya no hay campañas públicas en televisión explicando las bondades de sus alcances ni funcionarios que se esfuercen por hacerles llegar el mensaje a quienes día a día sufren los aumentos desmesurados de los medicamentos que elaboran los laboratorios más importantes.
 

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TELAM > APOYO DE JORGE RIVAS A PROYECTO DE DIPUTADA GAILLARD SOBRE PRODUCCIÓN PÚBLICA DE MEDICAMENTOS

30/06/2014 Télam - Cable de Noticias 
MEDICAMENTOS-PRECIOS-DIPUTADOS/ DIPUTADA GAILLARD: "HAY QUE FORTALECER EL SISTEMA PUBLICO DE MEDICAMENTOS PARA PODER TENER `PRECIOS TESTIGO`" 

Buenos Aires, 30 de junio (Télam).- La diputada nacional Carolina Gaillard señaló hoy que "en la medida que se fortalezca el sistema público de medicamentos y se pueda abastecer a parte del mercado, se pueden comenzar a establecer precios de referencia, precios testigo, fundamentales al momento de dar la discusión sobre el costo de los mismos".
La legisladora del Frente para la Victoria de Entre Ríos se expresó de esta manera al defender una iniciativa de su autoría, en la que propone la creación de una Agencia Nacional de Laboratorios Públicos de Medicamentos con el objetivo de fomentar la investigación y desarrollar y robustecer la producción pública de medicamentos "para alcanzar la soberanía en materia de salud".
En diálogo con Télam, la diputada kirchnerista dijo que "se trata de un tema de interés nacional, de la soberanía en materia de salud que significa tener producción pública de medicamentos".
"Considero que el derecho a la salud es un derecho humano básico, esencial, y en ese sentido, que el medicamento no es una mercancía, sino un bien social", aseveró.
Gaillard precisó: "A partir de eso, el Estado debe garantizar el acceso de todos los habitantes a los medicamentos; por eso se busca garantizar el acceso a través de la producción pública, pero también con una mirada a largo plazo que tiene que ver con la soberanía en salud, de fortalecer el sistema científico nacional y la investigación".
Remarcó que "sólo desde el sistema público se pueden establecer precios testigo, teniendo en cuenta que el sistema público defiende a la población y al interés común, y eso permite realizar una verdadera estructura de costos".
"No como hacen las empresas privadas, que muchas veces ponen valores de mercado que a veces dan una rentabilidad de más del 1.000 por ciento entre lo que tienen de insumos y el precio al que se vende en las farmacias", añadió.
"A partir de este proyecto no hay que instalar una falsa dicotomía entre lo público y lo privado; porque para este proyecto de gobierno ha sido muy importante el desarrollo de la industria nacional y muchos de los laboratorios privados son parte de esa industria", aclaró.
Por último, recordó el caso que se dio en la crisis de 2001, "cuando el Estado no podía pagar al proveedor privado; y allí intervino el sistema público que salió a abastecer a la población que no podía acceder a los mismos".
La iniciativa cuenta con el apoyo de los legisladores kirchneristas Araceli Ferreyra, Adela Segarra, Mara Brawer, Carlos Raimundi, Jorge Rivas, Silvia Simoncini, Eduardo Seminara, Jorge Barreto, Liliana Ríos, Lautaro Gervasoni y Andrea García, entre otros.
El texto fue girado a las comisiones de Salud (cabecera), Comercio y Peticiones. (Télam).-

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RIVAS EN PÁGINA/12 EN NOTA SOBRE PRODUCCIÓN PÚBLICA DE MEDICAMENTOS

30/06/2014 Página 12 - Nota - El País - Pag. 2 

DIPUTADOS DEL FPV PROPONEN CREAR UNA AGENCIA NACIONAL QUE NUCLEE LA PRODUCCION PUBLICA DE MEDICAMENTOS 
Una ley para hacer frente a los otros monopolios 

El proyecto, presentado en medio de la puja por los precios de los fármacos, busca aunar a los casi 40 laboratorios públicos del país con el fin de contrarrestar las conductas monopólicas de los grandes laboratorios privados. 
"Hacer tus propios medicamentos es promover el desarrollo nacional y adquirir soberanía", asegura la diputada del Frente para la Victoria, Carolina Gaillard, autora del proyecto de ley que propone crear una Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap) que nuclee a las casi 40 usinas de medicamentos que dependen de gobiernos provinciales y universidades nacionales. La premisa del texto que ingresó la semana pasada al Congreso, con la firma de una decena de legisladores oficialistas, es que el Estado "diseñe la política de producción, investigación y desarrollo" de fármacos para evitar ser rehenes de las conductas monopólicas de los grandes laboratorios privados extranjeros, y al mismo tiempo promover la generación de mayor valor agregado al trabajo científico nacional.

"Reconociendo la salud como un derecho humano, la producción de medicamentos no puede dejarse exclusivamente en manos de privados, cuyo fin es la rentabilidad", explica Gaillard, quien sin embargo advierte que el proyecto "no va en desmedro de los laboratorios privados, especialmente de los pequeños y medianos, que generan puestos de trabajo y desarrollo científico al país", sino que plantea "darle un rol rector al Estado" para establecer políticas y articular la labor de todos los laboratorios públicos. Los efectos, como la producción local de precursores o la creación de nuevas patentes nacionales, "van a terminar beneficiando a todos", agrega la diputada.

La creación de una Agencia Nacional permitirá centralizar la compra de activos de los laboratorios que dependen del Estado "para que el sistema público gane mayor competitividad en el mercado", lo que permitiría formar precios de referencia, que hoy están en manos de los grandes laboratorios, y producir medicamentos "huérfanos", como se conoce a aquellos que no generan rentabilidad comercial por tratar enfermedades que afectan a cantidades muy reducidas de pacientes (menos de 5 cada 10 mil personas, según las regulaciones internacionales). También permitirá avanzar en el control de estándares de calidad de los medicamentos que se importan tanto como los que se producen en el país.

El proyecto cuenta con la firma de una decena de legisladores oficialistas, entre ellos la titular de la Comisión de Salud, Andrea García; Carlos Raimundi, Jorge Rivas y Adela Segarra, e ingresó a la Cámara baja el miércoles pasado, un día después de que el Gobierno ordenara a los laboratorios retrotraer los precios de todos los medicamentos de venta bajo receta a los valores de principios de mayo, bajo amenaza de cuantiosas multas. La autora del texto explica que el proyecto es anterior y se hizo "sin saber las medidas que iban a tomarse contra la cartelización de los laboratorios", pero que la actualidad "demuestra que es necesario avanzar en el sentido que propone la ley".

La iniciativa aparece como la continuación de otros avances que se introdujeron en los últimos años en materia de salud y producción de fármacos. Por un lado, la ley de prescripción de medicamentos por su nombre genérico, o ley de genéricos a secas, sancionada en 2002 cuando Ginés González García era ministro de Salud de la presidencia interina de Eduardo Duhalde, y ejecutada mayormente por el mismo funcionario durante el gobierno de Néstor Kirchner. "La producción pública tuvo un lugar central durante la crisis de 2001, cuando abasteció a grandes sectores de la población que quedaron en situación vulnerable cuando el Estado no tenía con qué pagarles a los proveedores privados", recuerda Gaillard.

Otro antecedente, más directo, es la ley 26.688, que declara "de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos". Esa norma, que nunca fue reglamentada, establecía que la autoridad de aplicación era el Ministerio de Salud. El nuevo proyecto plantea, en cambio, la creación de la Anlap como un órgano "que goza de autarquía y autonomía para actuar", y cuenta con un presupuesto propio, de forma tal que pueda tomar un rol rector en el diseño, la implementación y coordinación de toda la política de producción pública de medicamentos, algo en que la ley 26.688 quedó a mitad de camino.

"El lobby de la industria de los laboratorios, para que no se desarrolle el sistema público y poder seguir poniendo los precios que quieren, es muy fuerte", busca explicaciones Gaillard. Además de los diputados oficialistas que rubricaron el proyecto, la iniciativa llega con el apoyo de otros sectores vinculados con el área y que buscan contrarrestar la presión de los privados: allí aparecen la multisectorial para la producción pública de medicamentos; reconocidos profesionales como el titular de la cátedra libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA, Claudio Capuano; y Martín Isturiz, investigador principal del Conicet y la Redlab, que nuclea desde 2007 a los laboratorios públicos y es el germen del proyecto de la Anlap.

Hay también un aspecto relacionado con la política regional en la iniciativa: a través del Laboratorio Farmacéutico Conjunto de las Fuerzas Armadas, que funciona bajo el paraguas del Ministerio de Defensa, se está trabajando en la articulación en esta materia dentro del ámbito de Unasur. Allí se busca fomentar los lazos de cooperación científica para trabajar en avances conjuntos, aprender de experiencias como la de Brasil, que ha logrado a través de la producción pública bajar los precios de los medicamentos, y abrir nuevos mercados para los fármacos que se producen en los laboratorios nacionales.
 


  Tirada: 15000
Difusión: 60000


domingo, 29 de junio de 2014

MIRADA PROFESIONAL > RIVAS FIRMANTE DE PROYECTO SOBRE PRODUCCIÓN ESTATAL DE MEDICAMENTOS


Para fomentar su actividad, piden crear una agencia nacional de laboratorios estatales

BUENOS AIRES, junio 26: La iniciativa de un grupo de legisladores busca unir los esfuerzos de las plantas estatales, para potenciar su trabajo. Se buscará estandarizar los cánones de calidad y hacer compras conjuntas que permitan bajar los costos. Para una de las autoras del proyecto, la producción de fármacos públicos permite "ganar soberanía en salud".

Si bien desde mediados de 2011 existe una ley que fomenta la actividad en todo el país, la producción pública de medicamentos sigue estando ausente en la agenda del sistema de salud nacional. En tiempos que el mercado farmacéutico está en discusión –ver a aparte –potenciar el trabajo de las plantas estatales puede ser una alternativa viable de cara al futuro. Así lo entiende un grupo de legisladores que presentaron en el Congreso un proyecto para crear una agencia que nuclee en todo el país estos establecimientos, y que sirva de nexo entre ellos y hacia afuera. Además de garantizar la calidad de los productos allí fabricados, se buscaría bajar los costos con compras conjuntas. "Ganar soberanía en salud", la consigna del proyecto.

La iniciativa fue presentada por la diputada nacional Carolina Gaillard, del bloque del Frente para la Victoria (FpV), y cuenta con el respaldo de varios legisladores, incluyendo la titular de la Comisión de Salud. El objetivo es crear "una agencia nacional que nuclee a todos los laboratorios públicos de medicamentos del país", y de esta manera fortalecer "el rol de los mismos para promover la investigación y el desarrollo en materia de medicamentos, y consecuentemente ganar soberanía en salud".

"Esta agencia se instituye como un espacio que propende al fortalecimiento del rol de los laboratorios públicos en el sistema de salud y se propone generar un trabajo de articulación entre los laboratorios públicos de medicamentos en nuestro país", dijo la legisladora. Para Gaillard, diputada que representa a la provincia de Entre Ríos, "reconociendo la salud como un derecho, la producción de medicamentos no puede ser concebida como una mercancía sino como un bien social".

En este sentido, la creación de la agencia "sienta las bases para alcanzar la soberanía en materia de salud en nuestro país a través del fomento a la investigación y el desarrollo en la producción pública de medicamentos".

Cabe recordar que en el país existen 40 laboratorios de producción de medicamentos, aunque nueve son apenas farmacias hospitalarias que fraccionan comprimidos. Los que han alcanzado un elogiable nivel de gestión y producción son, según los especialistas, Puntanos de San Luis, Hemoderivados de Córdoba, Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM) de Rosario y Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe, que tienen modelos de funcionamiento autárquico.

Los laboratorios de producción pública pasaron de una producción de 90 millones de unidades en 2003 a 620 millones en 2010, con un crecimiento del 680 por ciento. La capacidad potencial plena ha sido calculada en 680 millones de unidades anuales, es decir, que se aproximan a su techo productivo, aunque con disparidades, ya que sólo 8 de los 40 son proveedores del Programa Remediar del Ministerio de Salud de la Nación.

La idea de esta agencia es que además de potenciar la actividad, se logre avanzar en los estándares de calidad, para garantizar que los medicamentos públicos sean seguros. Otra idea que ronda alrededor de la propuesta es que se realicen compras centralizadas de activos, de manera que el sistema público gane mayor competitividad en el mercado de medicamentos, así como también intervenir en el mercado en la formación de precios de referencia y en la producción de medicamentos huérfanos.

"Nuestro objetivo con este proyecto es darle un rol rector al Estado en la producción pública de medicamentos, posibilitando una regulación estratégica en un área que involucra nada más y nada menos que la vida y salud de los argentinos, que no puede quedar librada a las fuerzas del mercado" afirmó Gaillard. La iniciativa fue acompañada con las firmas de los diputados Araceli Ferreyra, Adela Segarra, Mara Brawer, Carlos Raimundi, Jorge Rivas, Silvia Simoncini, Eduardo Seminara, Jorge Barreto, Liliana Ríos, Lautaro Gervasoni, y también la presidenta de la Comisión de Salud, Andrea García.

Esta agencia se sumaría a otro proyecto, la ley 26.888, ya aprobado y que declara de "Interés Nacional la Investigación y Producción Pública de Medicamentos y Materias Primas para la Producción Pública de Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos". El primer proyecto de ley nacional en esta temática fue presentado por Eduardo Macaluse (diputado nacional mandato cumplido) en 2002. En 2009 se sumó otro proyecto de ley presentado por el diputado Mario Martiarena, y se alcanzó un dictamen de consenso en 2010, que alcanzó media sanción en Diputados en el mismo año, con 180 votos a favor y 3 abstenciones. En junio de 2011 fue finalmente sancionada por unanimidad en Senado.

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DIPUTADO JORGE RIVAS EN REVISTA PERISCOPIO > NIVEL DEL EMPLEO: CALIDAD VS CANTIDAD



Domingo, 29 de Junio de 2014

Nivel de empleo: calidad vs. cantidad
Por Darío Martínez

d.martinez@revistaperiscopio.com.ar

Al margen de los datos cuantitativos, es necesario plantear el debate en torno al modelo de desarrollo económico, social y político que se pretende para el país y de esa forma prestar atención sobre la calidad de las actividades de producción de bienes y servicios.

A principios de mayo, el Ministro de Trabajo afirmaba: "Hasta el momento el nivel de empleo registrado en las empresas privadas no resultó afectado por los cambios transitorios en la coyuntura económica"."En marzo el empleo formal mantuvo una dinámica estable, sin que se verificaran incrementos en las desvinculaciones de personal, ni en el volumen de despidos", agregaba la máxima autoridad del Ministerio, basándose en la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL). Respecto a las suspensiones en algunas terminales automotrices, vinculadas al menor volumen de ventas a Brasil, el ministro sostenía: "La suspensión es una dinámica habitual incorporada por la industria automotriz. Es coyuntural, no es una situación masiva, tal como lo demuestra la encuesta".

Por otro lado, la última encuesta de SEL Consultores sobre gestión de recursos humanos muestra que no sólo las empresas de comercio están renuentes a contratar personal. Según ese estudio, que se lleva a cabo entre 150 empresas líderes de distintos sectores económicos, en la actualidad apenas el 19% de las firmas prevé aumentar su dotación de personal en los próximos meses, mientras que un año atrás el 28% proyectaba hacerlo. A la vez, actualmente el 15% de las empresas prevén reducir su nómina en los próximos meses, mientras que un año atrás el 9% de las firmas planeaba hacer recortes. "Con el blanqueamiento de la inflación oficial, las empresas se han visto obligadas a otorgar aumentos salariales del 25% al 31%, y eso también las ha obligado a aumentar las suspensiones y despidos. El aumento que se da por un lado se tiene que compensar por otro", manifestaron desde la consultora.

Un reciente informe de la Fundación Pensar, ligada al macrismo, destaca que "la baja del desempleo entre 2011 y 2013 no representa tanto un crecimiento genuino de puestos de ocupación, sino que más bien se debe al abandono de la búsqueda laboral". Y agrega que la tasa de actividad (que refleja el peso de la Población Económicamente Activa (PEA) en la población total) en la Argentina "es significativamente menor que el promedio de América latina".

El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, advirtió que el desempleo "ya se ubica entre el 11 y 12 por ciento" y aseguró que "en todos los sectores hay un proceso de achicamiento". "El Gobierno no reacciona, al contrario, busca aumentar la presión fiscal", alertó.

En un intento por morigerar el impacto que la menor actividad está teniendo sobre el empleo, el equipo económico del gobierno nacional anunció un plan que busca brindar facilidades de pago de deudas y obligaciones impositivas para aquellas empresas que se comprometan a no despedir a trabajadores. Kicillof insistió en que las medidas no respondían a un deterioro de la situación actual, sino que "venían siendo evaluadas desde agosto del año pasado, a pedido de cámaras empresarias".

El 22 de mayo, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral por 227 votos positivos contra tres votos negativos. El proyecto legislativo contempla la reducción de contribuciones patronales para microempresas, medidas de fortalecimiento en la fiscalización y capacidad de inspección del Estado nacional y la creación de un registro donde se incluirá a las empresas que violen la legislación laboral. Desde el Poder Ejecutivo Nacional aseguraron que con esta batería de instrumentos se apuesta a regularizar a 300 mil trabajadores durante el primer año de vigencia y a 650 mil en dos años, lo que permitiría reducir la tasa de informalidad de 33,5% a 28%. Los empleadores que tengan más de 80 trabajadores quedarán afuera del régimen especial de contribuciones patronales previsto en la normativa. El costo fiscal de la baja de las contribuciones patronales sería de $ 4100 millones, que podría ser financiado a partir del mismo proceso de "blanqueo" de las fuentes de trabajo, que pasarían a aportar al sistema de contribuciones sociales.

El nuevo proyecto aprobado en el Congreso trajo consigo posturas de todo tipo. Alfredo De Angeli (PRO) llegó a justificar el trabajo infantil (ilegal) como una "cuestión cultural del campo". Margarita Stolbizer (FAP-UNEN) argumentó: "La creación de empleo productivo y formal en el sector privado no depende de leyes laborales ni disminución de aportes a la seguridad social, sino que obedece a condiciones macroeconómicas. En muchos casos la informalidad en las pymes es una salida frente a la presión fiscal más alta del mundo". El único macrista en oponerse fue Sturzenegger, quien reclamó "bajar los impuestos al trabajo para tener mayor formalidad". "Este proyecto es una manzana envenenada", agregó el ex presidente del Banco Ciudad. El bloque Unidad Popular, liderado por Claudio Lozano, había anticipado su voto negativo, pero terminó optando por la abstención. "La propuesta no es bajar los costos laborales y desfinanciar la seguridad social, sino asociar el blanqueo a la productividad y el cambio técnico con un tratamiento preferencial en materia impositiva, tecnológica, comercial, crediticia, dirigido a pymes", propuso Lozano. Mientras que Jorge Rivas expresaba: "Hay empleadores que abusan de su posición dominante. Hay patrones que tienen trabajadores informales porque son patrones evasores. Para muchos empresarios la ganancia del capital vale más que el derecho de los trabajadores. El proyecto del Poder Ejecutivo es realista, al ofrecer estímulos económicos para los empleadores y sanciones para quienes no cumplan las leyes laborales", concluyó el reciente diputado del FVP (proveniente del Socialismo).

Opinión

Abordar el análisis sobre las definiciones, causas y consecuencias de la informalidad, implica realizar un breve repaso histórico desde de los años sesenta hasta la actualidad, y de esta forma contextualizar las interpretaciones de este fenómeno socioeconómico heterogéneo y complejo.

El eje central de la discusión en la década de 1960 consistía en cuestionar por qué parte de la población activa de los países capitalistas periféricos se encontraba excluida de las ventajas del desarrollo económico. Surgieron dos visiones al respecto: 1) la sociedad se divide en dos sectores: tradicional y moderno. La causa de la marginalidad era colocada en determinadas características (valores, tradiciones, cultura de la pobreza) que poseen los individuos que no se han integrado a la modernización y al progreso. Por tanto, se consideraba necesario y factible actuar sobre los valores de los individuos catalogados como marginales, para transformarlos y lograr construir una sociedad que se encaminara hacia el progreso; 2) desde una perspectiva marxista, se argumentaba que algunas actividades centrales en momentos pasados (el trabajo exclusivamente manual, por ejemplo) luego fueron transformadas en actividades marginales. La población trabajadora que desarrollaba actividades económicamente marginales era considerada población excedente en el proceso de acumulación.

¿Cuál era la visión en la década de 1970? Surgió la perspectiva del sector informal urbano, en principio como una categoría empírica caracterizada de fácil acceso, con operación en pequeña escala, de capital reducido y propio, con uso intensivo de la mano de obra, y participación en mercados no regulados y competitivos. Era evidente que, durante el proceso de industrialización–urbanización, la modernización del sector agrario expulsaba grandes contingentes de población pobre que migraba a las ciudades. La dimensión informal era entendida como aquellos espacios que eran dejados de lado por las grandes empresas del sector formal debido a su reducida capacidad de acumulación. En esta etapa, el contrato por tiempo indeterminado comenzó a perder su hegemonía.

En la década de 1980, la visión "neo-marxista" sostenía que los asalariados de grandes empresas contratados bajo relaciones precarias también son parte del sector informal, como también lo son aquellas actividades de la producción moderna que desarrolla fuera de los controles estatales, sintetizando este concepto en trabajadores y actividades productivas no registradas según la legislación vigente. Por otro lado, para la corriente "neo-liberal" las actividades informales surgen por una excesiva regulación del Estado, que oprime y traba el libre desarrollo del mercado. En consecuencia, la nueva perspectiva liberal de aquella época proponía disminuir la excesiva burocracia estatal y así lograr reducir o eliminar la informalidad laboral.

La heterogeneidad laboral debida a la mayor participación del empleo del sector servicios generó clasificaciones relativamente más específicas en la década de 1990. La primera de ellas puede sintetizarse del siguiente modo: 1) trabajadores ocupados a tiempo completo (8 hs o más) o ocupados voluntariamente en empleos de jornada reducida, 2) ocupados involuntariamente en empleos de jornada reducida, denominados subocupados voluntarios. Otra clasificación también tuvo lugar en aquellos años: 1) asalariados registrados a los cuales se les efectúa el descuento jubilatorio y gozan de la cobertura del sistema de seguridad social, 2) asalariados no registrados que no gozan de aquellos beneficios.

Durante la década de 1990, el mercado de trabajo ajustaba por cantidades, lo cual es expresado en el incremento del desempleo, y ante la imposibilidad de ajustar precios, se redujeron los costos laborales mediante la contratación de trabajadores en condiciones precarias. El lento crecimiento del empleo afectó en mayor medida a los trabajadores de baja calificación, sumado al crecimiento de puestos asalariados precarios en el marco de la corriente flexibilizadora del mercado de trabajo, dado que no solo era dificultoso conseguir empleo sino que se permanecía menos tiempo en el puesto, y por ende, la vulnerabilidad era mayor. A pesar de que continuó incrementándose el nivel de educación formal de la fuerza laboral, la discontinuidad de muchas actividades productivas, especialmente industriales, llevó a una pérdida de capital humano específico. El gran ajuste en los noventa, tanto a nivel local como a nivel mundial, reflejó un cambio de paradigma respecto a la organización del trabajo y al comercio. El empleo industrial daba paso al empleo del sector servicios: la intención de reducir costos para aumentar la competitividad produjo que las grandes empresas que sobrevivieron a este cambio estructural opten por tercerizar determinadas actividades y aumentar la inversión en bienes de capital y no en trabajo humano, provocando así el desempleo. Obviamente, la paridad cambiaria incentivó el aumento de importaciones en perjuicio de la producción local de bienes y en detrimento del empleo local dado el aumento del costo laboral medido en dólares. Es decir, cerraron las empresas que no pudieron acomodarse a este esquema de competencia y apertura comercial, y como consecuencia aumentó el desempleo y la precarización de las relaciones del trabajo.

Durante el período posterior a la crisis de 2001, pudo observarse una mejora distributiva asociada a las políticas de ingresos del gobierno nacional y al mayor poder de negociación de los sindicatos en el aumento de la remuneración media, sobre todo durante 2003 y 2004, donde se otorgaron aumentos de suma fija y también se mejoró el salario mínimo. El avance en la matriz productiva (todavía insuficiente) permitió la creación de nuevas empresas, sobre todo PyMES, las cuales pudieron absorber trabajadores de distintas calificaciones.

Ahora bien, es relevante diferenciar si es voluntaria o no la decisión de insertarse laboralmente ya sea en un sector de actividad económica donde prima la informalidad o sector de mayor acumulación de riqueza pero bajo condiciones precarias de empleo. Algunos consideran que el empleo informal voluntario se origina debido a las ventajas de contar con mayor flexibilidad de horarios, y a las menores cargas impositivas tanto para al empleador como para el empleado. Otros argumentan que esto no es tan así cuando una persona no cuenta con habilidades y conocimientos necesarios para insertarse en el mundo laboral y cuando la legislación impositiva golpea fuertemente a empresas pequeñas y medianas.

Esta reseña histórica acotada, invita a analizar algunos datos cuantitativos respecto a la evolución de trabajadores formales e informales en los últimos años. En primer lugar, se expone las fluctuaciones de la tasa de desempleo desde mayo-1974 hasta enero-2014. Durante este período, el desempleo va en ascenso desde inicios de los ochenta, mientras que a mediados de los noventa muestra un gran salto (14% en promedio durante 1996-2001) hasta llegar al pico máximo en octubre de 2002 (20%). Luego de aquella grave situación, ha disminuido aproximadamente 13 puntos porcentuales hasta principios de 2014.

Al analizar la distribución de trabajadores informales, generalmente se utiliza la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPH-C), en la cual los hogares ingresan en la muestra por dos trimestres consecutivos, se retiran por dos trimestres consecutivos y luego, vuelven a ser entrevistados en dos trimestres consecutivos. En función a ese criterio, fue posible elaborar 11 paneles de datos anuales tomando la EPH del cuarto trimestre de cada año. Fueron seleccionados individuos en edad de insertarse activamente en el mercado de trabajo (entre 14 y 64 años), y se establecieron tres tipos (no es la única clasificación posible) de trabajadores informales: 1) asalariados (en empresas de cualquier tamaño) que no acceden a ninguno de los beneficios sociales vinculados al trabajo que releva la EPH-C; 2) cuentapropistas no profesionales; y 3) trabajadores sin remuneración (trabajadores familiares). En base a esta caracterización, en promedio, el 67,8% de los trabajadores informales es constituida por asalariados a los cuales no se les efectúa el descuento jubilatorio, seguidos por trabajadores autónomos que no han alcanzado estudios universitarios (30%), y en último lugar se ubican los trabajadores familiares (2,1%).

Al margen de los datos cuantitativos, es necesario plantear el debate en torno al modelo de desarrollo económico, social y político que se pretende para el país y de esa forma prestar atención sobre la calidad de las actividades de producción de bienes y servicios. Nuevamente estamos ante la discusión sobre el rol del Estado y del sector privado. Sin dudas, la informalidad es un obstáculo para el progreso, en la medida que siga generando condiciones marginales de trabajo en relación de dependencia, y que a su vez haga insostenible, debido a las cargas impositivas excesivas, las actividades de pequeños y medianos empresarios (y a los trabajadores de ellas) que apuestan a producir para el mercado local y a insertarse en determinados segmentos que permitan aumentar la calidad de sus productos y tal vez exportarlos. En sintonía con el artículo publicado en esta sección hace 2 meses, sigue siendo fundamental detectar qué actividades son las más débiles en las cadenas de valor y focalizar la política pública en el cambio técnico y en el financiamiento de las empresas que se encuentran en desventaja respecto a las relaciones de poder. La tarea no es sencilla, exige ir más allá de la medición de la informalidad laboral. Las negociaciones políticas siguen siendo esenciales para consensuar cuál es la tasa de ganancia "normal" en cada sector de actividad y cuál es la responsabilidad de cada actor, privado y público, en el proceso de formación de precios.








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